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Hace años que extranjeros comenzaron a comprar extensos territorios argentinos, en particular en la Patagonia. En muchos casos, para fincas de descanso. En otros, como el de la familia Benetton, para la explotación ganadera. Nunca como ahora esas operaciones erizaron la piel de algunos legisladores, que desde el Congreso amagan con frenar lo que ven como una extranjerización del suelo argentino.
Hace sólo diez días Elisa Carrió presentó una iniciativa que redactó junto a la Federación Agraria Argentina para restringir la venta de propiedades rurales a extranjeros. Lo hizo casi como un reflejo mediático, luego de que una investigación televisiva denunciara la existencia de grandes propietarios foráneos en el sur argentino. Tuvo el aliento de ruralistas que sufren la pérdida de sus campos por sus deudas.
El proyecto del ARI impide a un inversor no argentino comprar más de una “unidad económica”, módulo que cada provincia deberá definir luego por ley. Tampoco podría disponer de más de un cuarto de las zonas rurales de un municipio, y propietarios de la misma nacionalidad no podrían acaparar más del 40 por ciento de ese fragmento disponible. Más sencilla resulta la propuesta del senador radical Carlos Maestro, cuyo proyecto pretende impedir que más del 2 por ciento del territorio de una provincia quede en manos extranjeras. En ambos casos, son mecanismos complejos que dejan sin solución a problemas reales de la organización económica.