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El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, solicitó ayer a Economía informes acerca de la existencia de un “anexo” de la Carta de Intención que se firmó con el FMI, y que “tendría carácter reservado”. La intervención de Mondino responde al requerimiento realizado por asociaciones de consumidores. En su reclamo, esas entidades sostienen que “mantener el anexo a la Carta de Intención en secreto es violatorio del principio general de publicidad de los actos de gobierno, de la Ley de Etica Pública y de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción”. Por otra parte, hoy se conoció el pedido de los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado al juez federal Sergio Torres para que se abra un sumario para determinar si el presidente Eduardo Duhalde cometió algún delito al firmar el acuerdo el FMI para postergar los vencimientos de la deuda hasta octubre. En tanto, el economista Daniel Rodríguez Paz afirmó que en el acuerdo con el FMI “se dispone que respecto al Plan de Jefes de Hogar por lo menos el 80 por ciento de los beneficiarios cumplan con las condiciones de elegibilidad”. “Esto significa –indicó Rodríguez Paz– que el gobierno tiene la aceptación del FMI para otorgar beneficios a 340 mil personas que no cumplen los requisitos para ser elegidos.”