El mes pasado, el Estado otorgó subsidios a las empresas de colectivos del área metropolitana por 965.225.054 pesos. En el resto del país, las transferencias llegaron hasta 397.137.246 pesos. “Este será el tope de fondos que aportará el Estado al servicio de transporte público de colectivos”, afirmó ayer el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. La respuesta frente a los aumentos en las erogaciones de las empresas por aumentos salariales o cualquier otro motivo, y el reclamo por mayores tarifas, será evaluada en cada caso por la jurisdicción responsable, ya sea Nación, provincias o municipios. “Cada jurisdicción decidirá si cambia la tarifa o asigna compensaciones de su propio presupuesto”, precisó el funcionario durante una conferencia de prensa, en la que anunció un cambio en los parámetros que se utilizan para determinar el monto de los subsidios.

Actualmente, según explicó Randazzo, los subsidios se otorgan de acuerdo con tres variables: el nivel de facturación de la empresa, la cantidad de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos. Los dos primeros ítem surgen de declaraciones de las propias empresas y se vinculan con los ingresos de cada firma. De esa forma, los subsidios estaban concentrados en las empresas con mayor rentabilidad, que no necesariamente son las que brindan un mejor servicio. Asimismo, el sistema, reconocen en Interior y Transporte, se prestaba a irregularidades, ya que algunas compañías declaraban haber realizado más recorridos que los que efectivamente hacían para engrosar sus subsidios.

A partir de ahora no sólo se estabilizan las transferencias del Estado hacia las empresas de colectivos, sino que también se modifican los parámetros para percibir los subsidios. En primer lugar, se considerará la cantidad de personal de cada empresa –según las declaraciones que deben presentar ante la AFIP– y solamente se subsidiarán los salarios de tres trabajadores por cada unidad que tenga la firma. Un segundo elemento, para determinar el monto de los cupos de combustible, se establecerá a partir de los datos del kilometraje efectivamente recorrido por cada colectivo a partir de la información que suministra día a día el SUBE y el gasto de consumo de combustible de cada unidad que surge de los datos del fabricante. Así, sostienen en Interior y Transporte, las empresas no podrán afirmar que hicieron más recorridos que los efectivamente realizados y mejorarán las frecuencias en los horarios menos rentables y la cantidad de unidades en las horas pico.

Finalmente, se formará un fondo de compensación para la renovación de unidades, de acuerdo con la cantidad óptima de unidades que cada empresa necesite para cumplir con el servicio. Esa cantidad óptima se fija a través de la velocidad comercial –indicador que contempla las inclemencias del tránsito– y el recorrido de la línea. Quienes tengan unidades más nuevas con más velocidad necesitan menos unidades y por lo tanto menos subsidios. “Vamos a un sistema transformador, a un cambio realmente muy profundo que tiene que ver con información mucho más confiable, segura y precisa que brinda la tarjeta SUBE. El objetivo central es dar eficiencia a la utilización de los recursos del Estado”, sostuvo Randazzo.

Cuando una empresa municipal o provincial presione para subir el precio del boleto de colectivo por “aumentos de costos”, las soluciones deberán encontrarse entre las firmas y los intendentes o gobernadores. Si las jurisdicciones deciden pagar más subsidios, los fondos deberán provenir de sus propios presupuestos. Esa es la dinámica que funciona en el interior del país, donde el precio de los boletos es significativamente más elevado que en el área metropolitana.

Las negociaciones referidas a líneas metropolitanas –el grupo compuesto por las 33 líneas que recientemente fueron transferidas a la Ciudad de Buenos Aires–, los colectivos que están bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires y aquellos cuya regulación está a cargo de la Nación se cursarán en el marco de la Agencia Metropolitana de Transporte, para evitar que surjan inconsistencias y coordinar. La ley exige que las tarifas entre esas distintas empresas estén armonizadas y, según argumentan en el equipo de Randazzo, el gobierno de Mauricio Macri no podría “cortarse solo” y convalidar un incremento del 127 por ciento como sucedió con el subte. Esa decisión de las autoridades porteñas, advierten en Interior y Transporte, implicó un traspaso del 20 por ciento de usuarios desde las distintas líneas de subte hacia colectivos.