En 2005 la oferta del canje contempló una quita del 65,6 por ciento de la deuda en default. Si querían volver a cobrar, los acreedores debían resignar una parte importante del valor nominal de sus bonos. La propuesta encontró una fuerte resistencia y muchos inversores amenazaron con no participar. Reclamaban términos financieros más atractivos y garantías frente a un posible fracaso de la operación. Si la adhesión era paupérrima y el país se veía forzado a mejorar las condiciones de quita, plazos e intereses dentro de la próxima década, ellos también querían la posibilidad de acceder a ese nuevo tratamiento. La concesión fue incluida en el prospecto de emisión de los nuevos bonos mediante la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés) y reforzada con la sanción de la Ley Cerrojo. Las “preocupaciones” resultaron infundadas. El 76 por ciento de los acreedores aceptó los términos ofrecidos sellando el primer paso de la exitosa reestructuración.

En 2010, Argentina dispuso terminar la operación convocando a aquellos que todavía seguían en poder de títulos en default. Los términos financieros eran prácticamente idénticos o incluso peores. Pero, respetando la provisión original, la invitación se extendió a todos los acreedores: los que ya estaban adentro desde 2005 y quienes no lo habían hecho podían participar del canje. Prácticamente ninguno optó por ese camino aunque quienes participaron de ambas operaciones recuerdan casos de inversores minoristas reestructurados que decidieron que preferían los nuevos papeles y devolvieron los viejos. Más de uno se arrepintió en el proceso y solicitó revertir la operatoria. Finalmente, con la segunda etapa del canje, se regularizó el 92,4 por ciento de la deuda que había sido defolteada en 2001-2002.