Una y otra vez nos preguntamos por las razones más profundas de la persistencia de la violencia contra las mujeres, en este caso en las relaciones en parejas jóvenes. ¿Cómo, por qué, cuál es el momento en que las diferencias y asimetrías de poder entre varones y mujeres se traducen en violencia? Cuando buscamos qué se está haciendo nos encontramos con una profusa cantidad de legislación, hay muchísima más información, servicios y ofertas de programas para atender la problemática que hace unos años atrás. Pero seguimos viendo que falta articulación, consistencia, continuidad en el tiempo e integralidad en el abordaje de la violencia. Seguimos afirmando que es necesario revisar los patrones culturales machistas y patriarcales. La violencia se aprende. Es claramente un problema social y de vulneración de derechos, que nos debe llamar a movilizar todos los recursos institucionales, políticos, económicos y sociales necesarios.

En este tema la escuela es un actor ineludible. Para su intervención contamos con una herramienta excelente como es la Ley de Educación Sexual Integral y los contenidos curriculares definidos por el Ministerio de Educación de la Nación. Porque allí justamente se define a la sexualidad como parte integral del desarrollo de las personas, se trabaja para la revisión de estereotipos de género, se promueve la construcción de vínculos sin violencia, se previene el abuso sexual infantil, se trabaja contra la estigmatización de las personas que tengan opciones sexuales no heterosexuales, y se reconoce la diversidad de familias, entre otros aspectos. Cumplir plenamente con esta ley en todos los niveles de la enseñanza es una obligación del Estado y sobre todo es un derecho de los niños, niñas y jóvenes. Hay una decisión política clara desde las autoridades nacionales. Debemos preguntarnos con total honestidad qué nos está pasando como sociedad para que sigan ganando las resistencias conservadoras, que obstaculizan el avance de una política imprescindible y urgente.

* Secretaria de Género de la CTA.