La Justicia federal de San Luis emitió ayer un fallo donde le ordena al gobierno nacional que autorice las exportaciones de carne de los productores asociados a la Sociedad Rural de esa provincia, entidad que presentó la demanda. La medida cautelar es de aplicación inmediata, pero será apelada por el Gobierno. Por lo tanto, una instancia superior deberá decidir si se mantiene o no la prohibición de exportar carne establecida el pasado 13 de marzo. La Sociedad Rural de San Luis solicitó el levantamiento de la prohibición ante la Justicia por considerarla “irrazonable” e “inconstitucional”. En su presentación fundamentaron el pedido al afirmar que la resolución 114 se encuentra enmarcada dentro del ámbito de emergencia nacional, “el cual no se ve reflejado en la realidad”. Acusaron al Gobierno de “violentar los derechos de comerciar, trabajar, ejercer industria lícita y alterar el derecho de propiedad” y tacharon de inconstitucional la prohibición por haber sido fijada “mediante una simple resolución del Ministerio de Economía”. El juez federal subrogante de San Luis, Daniel Giboin, analizó los argumentos y decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada argumentando que “existe el riesgo de un daño extremo e irreparable”. Los productores no exportan carne directamente, ya que esa tarea es realizada por los frigoríficos. Sin embargo, el fallo sirve de precedente para el resto de la cadena. A partir de ahora, cada uno de los frigoríficos que quiera exportar deberá presentar una nueva demanda ante la Justicia haciendo valer como antecedente el fallo del juez Giboin.