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La jueza en lo Contencioso Administrativo Marta Emilia García dictó la inconstitucionalidad total del decreto 1316/02, firmado el lunes por el presidente Duhalde con la intención de suspender por 120 días las ejecuciones de medidas judiciales contra el corralito. La magistrada adoptó la resolución frente a una presentación de inconstitucionalidad de carácter colectivo realizada por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, por lo que la medida tiene alcance para todos los ahorristas del país.
El decreto de necesidad y urgencia de Duhalde tiene en total siete artículos, pero las medidas centrales están contenidas en los impugnados por la jueza. García declaró inconstitucional los artículos 1, 2 y 3 del decreto, que suspendían las ejecuciones por 120 días hábiles; fijaban un período de 30 días para los pagos una vez vencido ese plazo; y estipulaba que el Banco Central pagara en los casos de excepción (enfermos y mayores de 75 años) “por cuenta y orden” de los bancos en los que los ahorristas tenían depositados sus dineros.
El decreto 1316 “no resiste la más elemental confrontación con la Constitución Nacional”, escribió la jueza en su fallo. “Se trata aquí de evaluar el impacto de la suspensión prevista en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, que la Corte Suprema tiene conceptuado como el ‘derecho de concurrir ante un órgano judicial en procura de Justicia’”, explicó más adelante. A su entender, ese derecho “requiere que se cumpla la garantía del debido proceso... que la pretensión se resuelva mediante una sentencia oportuna en el tiempo y fundada en derecho, y que la eficacia real de la jurisdicción concretada en la sentencia no resulte ilusoria”. Por lo tanto, sentenció García, “resulta evidente que suspender el cumplimiento de las sentencias definitivas y de las medidas cautelares atenta contra la oportunidad y eficacia del mandato judicial”. En otro párrafo, aseguró que “el decreto afecta la forma republicana de gobierno y el principio de separación de poderes, en tanto pretendería cercenar la independencia del juez”.
El mencionado decreto ya había sido declarado inconstitucional para causas particulares por distintos jueces. Ahora, se supone que el poder ejecutivo apelará los fallos, a partir del lunes próximo. Pero difícilmente la Cámara revoque los dictámenes de primera instancia. Por lo que, a menos que haya un pronunciamiento sorpresivo de la Corte Suprema, la receta que ensayó esta semana Duhalde para frenar los amparos duraría poco.