El presidente Alvaro Uribe se enfrentó a los paramilitares y extraditó ayer a 13 de sus máximos jefes. De mala gana, pero sin patalear demasiado, los líderes desmovilizados subieron esposados en medio de la noche a los aviones de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, rumbo a Florida. Uribe no le había avisado a nadie, ni a los abogados de los paramilitares ni a las víctimas que desde hace tres años esperan paz, verdad y justicia en los tribunales.

Recién a la tarde, el mandatario se dirigió a la nación y explicó, brevemente, sus razones. “Unos seguían reincidiendo en el delito, otros no cooperaban debidamente con la Justicia, y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”, aseguró. Las organizaciones que representan a las víctimas y la oposición coincidieron con el diagnóstico oficial, pero acusaron al mandatario de sacarse de encima a los principales testigos de la parapolítica. Ahora, en cambio, serán juzgados por narcotráfico.

Los ex jefes paramilitares extraditados eran el motor de las investigaciones por los vínculos entre los grupos armados de extrema derecha y los políticos. Sólo entre Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, habían señalado a más de cien diputados y senadores, ministros, gobernadores, alcaldes y concejales, la mayoría aliados, correligionarios, amigos y hasta familiares de Uribe. “La extradición de los cabecillas paramilitares evita que sus confesiones sigan incriminando congresistas de la coalición uribista e involucrando a integrantes de la rama ejecutiva en el proceso de la parapolítica”, denunció en un comunicado el Polo Democrático Alternativo, el principal partido de la oposición.

En los diez minutos que duró su discurso, Uribe no mencionó ese detalle. Tampoco hizo referencia a que Mancuso y Jorge 40 habían confesado en una audiencia con la Corte Suprema que mantuvieron varias reuniones con el actual vicepresidente Francisco Santos y su primo y ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, durante los años ’90. Esas confesiones cumplieron un año este mes. Nadie las investigó y los dos funcionarios, aliados incondicionales del presidente Uribe, siguen en sus cargos.

“No se avanzó con la reparación de las víctimas y la identificación de las fosas comunes porque la Fiscalía no está investigando. Y no está investigando porque el gobierno no le da fondos ni recursos. Hay jueces que tienen más de mil casos a su cargo”, explicó a Página/12 un investigador de la Fundación Arco Iris, una ONG colombiana que se dedica a investigar la parapolítica y la desmovilización de más de 32 mil paramilitares desde 2004. El sociólogo pidió no revelar su nombre por miedo a la represalias de los más de 32 mil paramilitares desmovilizados que están libres y sin proceso.

Hasta la extradición y después de cuatro años de entregar las armas al Estado, sólo 85 de los 32 mil paramilitares desmovilizados estaban procesados por la Justicia colombiana, y de ellos sólo 55 estaban tras las rejas. “Ahora quedan 40. La impunidad es de más del 95 por ciento. Y en eso, el presidente Uribe ha incumplido las órdenes de la Justicia”, sentenció Eduardo Carreño, abogado de las víctimas de la masacre de Mapiripán, ejecutada bajo las órdenes de Mancuso y el ex jefe paramilitar asesinado Carlos Castaño.

Al igual que el resto de las organizaciones que representan a las víctimas de los paramilitares, Carreño sostiene que las extradiciones no harán más que dificultar los juicios por crímenes de lesa humanidad. “Si las víctimas difícilmente podían ir a las audiencias acá en Colombia, ¿cómo será en Estados Unidos?”, advirtió el abogado.

Tanto Uribe como la Casa Blanca hicieron hincapié ayer en que la Justicia estadounidense ayudará a entregar los bienes de los paramilitares para recompensar a las víctimas en Colombia. “Lo que preocupa es que sólo hablan de bienes, de una recomposición económica. ¿Y la verdad?”, se preguntó el investigador de la Fundación Arco Iris.

Una fuente de la Fiscalía Nacional reconoció a este diario que la extradición, tal como fue concedida por el presidente Uribe, terminará beneficiando a los paramilitares. “Salen ganando porque van a empezar a cumplir sus penas desde el primer día. Entonces cuando terminen su condena allá, como siguen dentro de la Ley de Justicia y Paz, ya van a haber cumplido sus penas”, explicó, asumiendo que los tribunales estadounidenses les darán entre cinco y diez años, como mínimo. La fuente pidió no revelar su nombre porque no está autorizado para hablar con los medios.

La Ley de Justicia y Paz, impulsada por Uribe y aprobada por los mismos legisladores que hoy están presos o acusados de aliarse con los paramilitares, limita sus condenas a no más de ocho años de cárcel.