Si finalmente se llega a un acuerdo económico y social, no será el 25 de mayo. El Gobierno empezó a admitir el corrimiento de la fecha en una reunión que encabezó ayer Cristina Fernández con la cúpula de la Unión Industrial Argentina. “El convenio tiene que ser duradero y con la participación de todos los sectores, de lo contrario no sirve”, adelantaron dirigentes empresarios a sus interlocutores del Poder Ejecutivo antes de acudir a la Casa Rosada. Durante la entrevista, la Presidenta prefirió “no hablar de plazos sino de objetivos” y bajo ese marco sí estuvieron todos de acuerdo. Los industriales aseguran que son fervientes defensores del pacto social, sólo que no pueden firmarlo en medio del conflicto con los ruralistas. Una alternativa intermedia que quedó bajo análisis es que suscriban un documento general de respaldo al modelo económico.

El Gobierno inició una serie de encuentros con las cámaras patronales para ratificarles que su vocación acuerdista no ha variado. Pero ni bien arrancó, encontró un límite: la UIA, la cámara empresaria que se dice más identificada con su política económica, le transmitió que no está en condiciones de plegarse al previsto Acuerdo del Bicentenario mientras el escenario con las corporaciones agrarias siga siendo de confrontación abierta. Por la tarde hubo una reunión del Comité Ejecutivo de la central fabril en la que se definió esa posición.

Hace una semana que la interna de los industriales está recalentada por este tema. Dirigentes más afines al Gobierno como su presidente, Juan Carlos Lascurain, y el vice, José De Mendiguren, postulaban que sería mejor seguir adelante con la firma el 25 de mayo antes que correr el riesgo de ver frustrado un proyecto que la UIA viene empujando desde hace más de tres años. Las federaciones del interior del país, en cambio, advirtieron que su situación en las provincias es delicada, ya que muchas empresas tienen una fuerte vinculación con la actividad agropecuaria o están condicionadas por el clima político en sus respectivas localidades. “No podemos ser los únicos en firmar”, dijeron.

No casualmente, fue Juan José Basso, dirigente autopartista de Rafaela, Santa Fe, quien sacó el tema en plena charla con Cristina. Planteó con la mayor delicadeza que la actividad económica en general se ve afectada por la prolongación del conflicto rural. La Presidenta dijo que el Gobierno siempre tuvo disposición al diálogo, pero insistió en que las retenciones móviles son una medida necesaria y que no habrá marcha atrás. “La vi muy firme, muy plantada”, describió un empresario con buena llegada a Julio De Vido. El ministro de Planificación estuvo junto a la Presidenta, acompañada también por Carlos Zannini y Carlos Fernández. El que faltó fue Alberto Fernández, pero distintas fuentes hicieron hincapié en que la ausencia se debió a razones de salud y a ningún otro motivo.

La conversación sobre la coyuntura insumió alrededor de 45 minutos de una reunión de dos horas. Según los empresarios, no se habló del tema precios, mientras que fuentes oficiales comentaron que quedó incluido dentro del análisis global sobre la marcha de la economía y la necesidad de incrementar la oferta de bienes sin enfriar el consumo. El Gobierno confirmó que avanzará con un proyecto para desgravar la reinversión de utilidades de las pymes y con medidas financieras de fomento a la inversión. También señaló que buscará llegar a un acuerdo en el corto plazo con empresarios y sindicalistas para emparchar la Ley de Riesgos del Trabajo. Zannini, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el superintendente de ART, Juan González Gaviola, vienen trabajando aceleradamente en el tema.

Otro buen tramo de la reunión se utilizó para analizar como funcionaría el Consejo Económico y Social que surgiría del pacto social. Será un órgano permanente presidido por el Ejecutivo y con dos vicepresidentes, uno elegido por el conjunto de las cámaras patronales y otro en representación del sindicalismo. Cristina recibirá hoy a Adeba, la cámara de banqueros nacionales, y para mañana tiene previsto un encuentro con la Cámara de la Construcción. Si no se firma el Acuerdo del Bicentenario el 25 de mayo, es posible que cuanto menos los empresarios suscriban un documento de apoyo a la política económica, al que los ruralistas podrían sumarse el día que arreglen su situación con el Ejecutivo.