La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Felisa Miceli por la sustracción del acta policial que documentó el hallazgo de una bolsa con casi 200 mil pesos en su despacho y por encubrir el origen ilegal de ese dinero. El tribunal, además, le dio al caso otra vuelta de tuerca al indicarle a la jueza María Romilda Servini de Cubría que debería profundizar la investigación sobre la evolución patrimonial de la ex ministra de Economía para determinar si no incurrió en algún otro delito.

La resolución de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun confirma también el embargo de 200 mil pesos que había sido trabado en primera instancia sobre los bienes de la ex funcionaria, la primera procesada del kirchnerismo por un hecho de corrupción, quien tuvo que dejar su cargo a partir de este escándalo. El monto es el equivalente en pesos a los billetes descubiertos en un placard en el baño de la que era su oficina en el Palacio de Hacienda: 31.670 dólares por un lado y 100 mil pesos envasados al vacío “con un material plástico termocontraíble” e identificados con el número de lote 38.057 de Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El hallazgo del dinero, que estaba dentro de una bolsa de papel madera, se produjo de casualidad el 5 de junio del año pasado cerca de las siete de la mañana –recapitula el fallo–, cuando personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal hacía una inspección de rutina. Estaban en ese momento el subinspector Patricio R. Palo y el cabo Carlos Isaías, acompañados por el mayordomo Miguel Lezcano. Palo llamó a su jefe, que le sugirió que dejara el dinero en poder del ministerio y labrara un acta donde constara lo sucedido y evitara cuestionamientos ante un eventual faltante de dinero. La firmaron todos los presentes, incluso la secretaria privada de Miceli, María E. Guchea.

Luego, el dinero y la copia del acta quedaron e manos de otra secretaria, María T. Barco, que se los dio a la ex ministra en cuanto llegó a media mañana. Según la Cámara, Miceli “tenía en sus manos la copia del acta y aun así pretendió dar con su original”: le ordenó a Barco que se lo pidiera a la policía. “Queda claro que la imputada ordenó extraer el instrumento original de su ámbito natural de custodia dentro de la Policía Federal Argentina, desconociéndose cuál fue el destino final que le otorgó”, concluyen los jueces.

En base al relato de los testigos de aquella madrugada, la Cámara sostuvo también que Miceli mintió en varias cuestiones: cuando dijo que había cerrado el placard con llave el día anterior y que ella misma había armado un envoltorio casero para los billetes que, alegó, le había prestado un hermano para concretar una operación inmobiliaria que se frustró. Por el tipo de embalaje y la identificación que casi todos los testigos observaron, el fallo confirma que el lote de 100 mil pesos había salido del BCRA y luego, el 21 de mayo, “fue recibido por la Caja de Crédito Cuenca”. “El 5 de junio se encontraba, envasado de igual forma y sin haber sido abierto, en el interior del placard de un baño de uso exclusivo de la imputada”, agrega la resolución a la que accedió Página/12.

Para completar el razonamiento, recuerdan que un peritaje concluyó: “Según la documentación contable de la entidad, la plata nunca salió de allí” y, “sin embargo, las pruebas del legajo revelan que ello no refleja la realidad”. “La procedencia del dinero –agregan– estuvo signada por una operación irregular e ilícita cuya existencia (Miceli) cuanto menos sospechó, maniobra que conlleva necesariamente la alteración de constancias contables y de identificación de los clientes, así como de los balances correspondientes, todo ello en franca violación a normas de prevención del lavado de dinero que la imputada, en virtud de su cargo de ministro de Economía de la Nación, mal pudo haber desconocido”.

El encubrimiento de una operación ilegal y la sustracción del acta policial –delitos que desde un principio señaló el fiscal Guillermo Marijuán– están corroborados a entender de Cattani e Irurzun.

Advirtieron, de todos modos, que la investigación no debe terminar ahí sino orientarse a analizar “la situación patrimonial” de la ex ministra. “Puede llegar a merecer un encuadre típico distinto al escogido”, señalan. El comentario apuntaría al presunto enriquecimiento ilícito, que se aplica cuando un funcionario no puede justificar el origen de parte de los bienes o ingresos adquiridos durante su paso por la función pública.