El gobierno chileno derogará la llamada “Ley reservada del cobre”, una norma que se remonta a la dictadura pinochetista y que otorgaba, sin pasar por el Parlamento, a las fuerzas armadas el diez por ciento de las ventas brutas de la empresa pública Codelco, la mayor productora de cobre del mundo. La nueva ley, según dijeron ayer fuentes oficiales, estará aprobada antes de que finalice el año y establecerá en planes cuatrienales las necesidades estratégicas del presupuesto de defensa.

“Es una anomalía que un presupuesto tenga una excepción relacionada con un tratamiento hermético de asignación de recursos que no son discutidos en el Parlamento”, dijo Raúl Vergara, el subsecretario de Aviación, quien hace un año que trabaja en la elaboración del nuevo proyecto. El proyecto de ley, en cuyo borrador trabajan actualmente las secretarías de Defensa y Hacienda, será enviado al Parlamento en un plazo máximo de dos meses y el gobierno confía en que estará aprobado este año, con el apoyo incluso de la oposición derechista. “Cuando se concibió este mecanismo había razones que lo explicaban; sin embargo, con el paso del tiempo fue quedando como un elemento retrógrado en la asignación de recursos”, explicó el subsecretario Vergara.

En virtud de la llamada “ley reservada del cobre”, creada durante el régimen militar del general Augusto Pinochet, las fuerzas armadas reciben cada año un diez por ciento de las ventas brutas de la empresa pública Corporación del Cobre (Codelco), la mayor productora mundial del “metal rojo”. Esta asignación –que no figura en el presupuesto del Estado chileno y, por lo tanto, escapa a la discusión pública en el Parlamento– otorga recursos a las fuerzas armadas que ascendieron a 1390 millones de dólares el año pasado, cuando Codelco obtuvo un beneficio neto de 8451 millones de dólares.

La dirección de Codelco no estaba de acuerdo con que la empresa tuviera que financiar el gasto militar y hace tiempo que pedía que esos recursos se destinaran a proyectos e inversiones para mejorar su actividad. El lunes pasado, el presidente ejecutivo de la firma, José Pablo Arellano, instó a derogar la Ley Reservada del Cobre. Y también el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, quien en 2002 fue la primera mujer ministra de Defensa en Chile y en América latina, buscaba desde hace tiempo una alternativa para un esquema de financiación surgido de la dictadura militar.

Vergara admitió que la ley surgida de la dictadura era “muy cómoda para las fuerzas armadas”, porque les garantizaba sólidos recursos. “Pero hemos llegado a un momento del desarrollo democrático que nos permite pensar en un mecanismo alternativo”, señaló el subsecretario, quien elogió la “comprensión” del ejército, la armada y la fuerza aérea hacia el nuevo modelo. “Obviamente, fue conversado ampliamente con los comandantes en jefe de las distintas reparticiones”, dijo el ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma, pero se negó a entregar mayores detalles sobre la fecha en que el proyecto ingresaría al Parlamento.

Según la publicación del suplemento Negocios del diario El Mercurio, un grupo de expertos se manifestó a favor de quitar un porcentaje minoritario de la empresa del cobre a la Bolsa para darle mayor competitividad a Codelco, que sufrió una merma en su producción en medio de la bonanza de los precios del cobre. Si bien el gobierno descartó una apertura bursátil, busca mejorar la eficiencia en la administración de la compañía.