Desde Madrid

Es un desafío abierto a la autoridad del Estado español. Así interpretó ayer el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la aprobación por parte del Parlamento vasco de la convocatoria a un referéndum en octubre de neto corte soberanista. La propuesta impulsada por el mandatario vasco, el lehendakari Juan José Ibarretxe, fue aprobada por los pelos gracias a un voto del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), la organización política cercana a ETA en el recinto regional. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció apenas conocida la medida que el gobierno la impugnará por inconstitucional no bien se publique en el Boletín Oficial. Se trata de la mayor fractura institucional entre el Estado español y el País Vasco en lo que va del siglo XXI.

Aprobada con 34 votos a favor y 33 en contra –se opusieron los parlamentarios del Partido Socialista y el Partido Popular–, la propuesta forma parte del tozudo plan político que comenzó a poner en marcha hace ocho años Juan José Ibarretxe, cuando asumió el gobierno regional. El lehendakari es el más fiel representante del ala soberanista del Partido Nacionalista Vasco y se ha empecinado en llevar adelante el referéndum en el que tiene previsto preguntar a los ciudadanos vascos sobre si están o no de acuerdo con un final dialogado de la violencia “si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre”, una cuestión con la que Madrid no quiere saber nada después del fracaso de la última tregua con la banda terrorista. La segunda pregunta es aún más provocadora: “¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el 2010?”. Si la Justicia no lo impide, la consulta debería realizarse el próximo 25 de octubre.

Según la Constitución española, ningún gobierno regional tiene potestades para convocar a un referéndum, una atribución monopolizada por el Parlamento nacional, por lo cual es probable que la medida sea suspendida apenas el gobierno central interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ibarretxe lo tiene claro y su intención no es realizar la polémica consulta, sino colocar al PNV en el rol que más le gusta jugar: el de víctima del Estado español. Con las elecciones regionales a la vuelta de la esquina –se deberán realizar en marzo próximo, aunque todavía no han sido oficialmente convocadas–, la convocatoria tiene un cierto tufillo electoralista y tiene por objetivo colocar en un aprieto al Partido Socialista en el poder. Socialistas y populares no dejaron pasar ayer la oportunidad de señalarle a Ibarretxe el hecho de que haya tenido que apoyarse en el PCTV para sacarla adelante. “¿Qué precio ha pagado?”, se preguntaron repetidamente diputados de los partidos contrarios al nacionalismo vasco.

Para Rodríguez Zapatero el abierto desafío vasco es una muy mala noticia. A pesar de haber obtenido en las últimas elecciones nacionales mejores resultados que en 2004, el PSOE no cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento de Madrid y depende más que nunca del voto de los nacionalistas vascos y catalanes para sacar adelante sus iniciativas al haber desaparecido del arco parlamentario Izquierda Unida y otras fuerzas progresistas que apoyaron a Zapatero durante su primer gobierno. Rechazar judicialmente el referéndum de Ibarretxe significa una declaración de guerra abierta al PNV que no apoyará con sus 7 diputados ninguna propuesta del PSOE mientras dure el conflicto. Los socialistas ya pudieron ver hasta qué punto llega su soledad parlamentaria esta semana, cuando el voto conjunto del opositor Partido Popular y de los nacionalistas vascos y catalanes obligó al gobierno a comparecer ante el Congreso de urgencia para explicar la magnitud de la crisis económica.

Juan José Ibarretxe sabe que no puede salir victorioso, pero está dispuesto a morir con las botas puestas. En las filas del PSOE, mientras tanto, comienzan a preocuparse por la extrema soledad parlamentaria. Durante los meses previos a la decisión que se tomó ayer en Vitoria, los socialistas intentaron persuadir al PNV de que diera marcha atrás con la propuesta seduciéndolos con la posibilidad de formar gobierno de coalición en Madrid. Ayer esa puerta se cerró definitivamente. Ahora sólo queda la confrontación. Y la posibilidad de que Zapatero se vea acorralado por el Partido Popular, que después del giro político de su último congreso ya no tiene complejos en pactar con los nacionalistas para poner en aprietos al gobierno.