El 6 noviembre pasado hubo una verdadera fiebre de registro de exportaciones de granos. Cargill anotó 130.000 toneladas de soja, Nidera, Bunge Argentina y Toepfer se sumaron con 60.000 cada una, ADM entró a la fiesta con 40.000, Agrenco inscribió 50.000, Molinos Cañuelas, 20.000; Adeco Agropecuaria, 10.000; Graneles de Argentina, 10.000, y Gear, 3500.

En un solo día, esas empresas declararon ventas al exterior por 443.500 toneladas. Al hacerlo, congelaron la alícuota de retenciones en 27,5 por ciento. Tres días después, el Gobierno subía la tasa a 35 por ciento. Pero todas esas operaciones quedaron al margen del incremento porque fueron anotadas con anterioridad. La maniobra fue mucho más amplia: en el lapso de treinta días, esas y otras compañías como Los Grobo Agropecuaria, la Asociación de Cooperativas Argentinas y Noble registraron exportaciones por un total de 6,2 millones de toneladas sin siquiera haberlas comprado y, por supuesto, sin tenerlas en su poder. Así lo determinó una investigación de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que ahora –a partir de un cambio en las leyes– las obliga a pagar la diferencia por las retenciones mal liquidadas.

El organismo que preside Ricardo Echegaray publicó ayer en su página en Internet la resolución 1487 que informa a la AFIP el resultado de su pesquisa y le pide que les cobre a las compañías infractoras una suma millonaria que ronda los 650 millones de dólares. El ajuste fiscal alcanza a 35 compañías, como reveló ayer PáginaI12. Todas ellas exportaron 6.217.150 toneladas de soja a granel con la alícuota de 27,5 por ciento, gracias a que inscribieron las operaciones antes de los sucesivos aumentos que dispuso el Gobierno, primero a 35 por ciento (el 9 de noviembre) y después el esquema móvil (del 11 de marzo). Con esa jugada, las empresas pagaron retenciones por 940 millones de dólares, cuando en realidad debieron hacerlo por alrededor de 1590 millones si se toma en cuenta el nivel actual de derechos de exportación, de 46,5 por ciento.

La Oncca pudo actuar debido a que el Congreso sancionó en diciembre pasado una ley, conocida como Martínez Raymonda, promovida por la oposición y respaldada por el oficialismo, que terminó con una práctica impuesta a comienzos del menemismo, que les permitía a las exportadoras inscribir operaciones que podían concretar hasta 540 días después. No hacía falta siquiera que hubieran comprado la mercadería. La ley Martínez Raymonda y otra posterior anularon esa prerrogativa e instruyeron a la Oncca para que investigara qué había ocurrido con las exportaciones previas al 9 de noviembre pasado. Aquellas empresas que no pudieran demostrar que habían comprado la soja y disponían de ella al momento de anotar la exportación en el Registro de Ventas al Exterior debían saldar la diferencia en la liquidación de retenciones. Exactamente eso es lo que está ocurriendo ahora, una vez que la Oncca completó la primera etapa de sus averiguaciones.

La oposición le cuestiona al Gobierno que al no haber actuado antes, dio lugar a la “avivada” de las exportadoras. La respuesta de las autoridades es que ya se ajustaron las leyes y que se están moviendo con velocidad para que las empresas paguen lo que tienen que pagar.

“Cincuenta y siete empresas exportadoras presentaron 1316 declaraciones juradas de exportación por 8,6 millones de toneladas antes del 9 de noviembre. Ya hemos detectado que 35 firmas no tenían la mercadería en su poder por un total de 6,2 millones de toneladas. Por lo tanto, instruí a la DGI y a la Aduana que practiquen el ajuste correspondiente en la liquidación de los derechos de exportación”, explicó anteayer Echegaray al exponer ante los diputados de las comisiones de Agricultura y Presupuesto, adonde antes de su discurso se había generado un debate entre la oposición y los exportadores por esta cuestión.

De las 35 empresas que deberán saldar una diferencia a la AFIP, la que más exportaciones había anotado antes del 9 de abril sin contar con la soja es Cargill. Inscribió ventas por 1.520.000 toneladas. Por ejemplo, el 1° de octubre de 2007 declaró 130.000 toneladas, el 4 agregó 130.000, los días 11, 12, 19. 23, 26, 29 y 31 de ese mes registró 65.000 toneladas cada vez, y así hasta llegar al 6 de noviembre, cuando sumó otras 130 mil. Después le siguen Nidera con 1.035.000 toneladas, Noble Argentina con 854.000, ADM Argentina con 820.000, Toepfer con 540.000, la Asociación de Cooperativas Argentinas con 259.000, Bunge Argentina con 240.000, Servicios Integrales para la Exportación de Agroalimentos con 200.000, la Compañía Argentina de Granos con 134.000, Agrenco Argentina con 130.000, Molinos Cañuelas con 106.000, Virreyes Agropecuaria con 89.000, Oleaginosa Moreno con 45.000, Tomas Hermanos con 43.000, Los Grobo Agropecuaria con 40.000, Curcija con 40.000 y Gear con 32.000, entre otros.

“Hágase saber a la AFIP que del total de las declaraciones juradas de ventas al exterior analizadas no han acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada las (compañías) que se detallan en el Anexo 1 (citadas más arriba), debiendo tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de exportación”, dice el artículo 1 de la resolución de la Oncca. El organismo recién empezó a revisar que había pasado con las exportaciones antes del 9 de noviembre, por lo que no se descarta que surjan nuevos ajustes en el futuro. Un rubro tan importante como el de la venta de granos es el de comercialización de aceites. Ese sería el próximo paso.