A la fiscal Karina Carbonella la llamada intimidatoria le llegó al celular oficial, el que le fue provisto por el Ministerio Público. La palabra muerte retumbó en algún momento, aunque Carbonella dice no recordar la frase textual. En la misma amenaza telefónica fueron incluidos también, además de la fiscal, el juez de Garantías de San Martín Mariano Grammatico Mazzari y el capitán de la policía bonaerense Pablo Baggini, ahora en la comisaría del Mercado Central, pero hasta el año pasado con destino en el mismo distrito que los dos funcionarios judiciales. Una voz masculina mencionó la supuesta existencia de un “plan criminal” para atentar contra la fiscal, el juez y el policía. La sencilla asociación de nombres llevó a una hipótesis muy fuerte respecto de quiénes habrían sido los autores de la intimidación: una banda mixta –civiles y policías– de la que hoy están en prisión al menos veintiuno de sus miembros y que se dedica al robo de camiones blindados.

“Amenazaron a la fiscal Carbonella. Ella supone que no es más que un intento por amedrentarla, nada más que eso. Las amenazas tienen relación con una causa que está en trámite”, confirmó a PáginaI12 un vocero de la Fiscalía de San Martín. “Esto ocurrió ayer (por el jueves) en horas de la tarde y hasta ahora no se reiteraron los llamados. La fiscal estuvo hoy (por ayer) trabajando con normalidad en su despacho. Es todo lo que podemos informar por el momento. No hubo más que eso”, comentó la fuente de los tribunales del partido de San Martín.

Además de iniciarse una causa para investigar las amenazas, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a cargo de María del Carmen Falbo, “dio instrucciones para que se extremen los recaudos para resguardar la integridad de los funcionarios involucrados y redoblar los esfuerzos en la línea investigativa que, evidentemente, está dando frutos”, anunció una fuente judicial. Hasta ayer, según dijeron las fuentes judiciales consultadas, la fiscal no había solicitado ni tenía custodia policial personal.

La investigación contra la banda mixta comenzó el 2 de enero de 2007, cuando entre ocho y diez hombres robaron cerca de 400.000 pesos de un camión de caudales que iba a reponer dinero de un cajero automático ubicado dentro de la firma Dunlop, en Chubut 1136 de la localidad bonaerense de Bella Vista. Quince minutos antes de que el blindado de la empresa Brinks llegara al lugar, los asaltantes habían amenazado al vigilador que estaba en la puerta y lo encerraron dentro de la planta, luego de obligarlo a quitarse el uniforme. Uno de los miembros de la organización se puso esa ropa y se paró en la entrada, como si fuera el vigilador, y facilitó el acceso del blindado, que era acompañado por una camioneta en la que iban varios custodios armados.

Una vez adentro de la planta, el chofer del camión transportador de caudales se dio cuenta de la trampa y quiso escapar, pero el vehículo fue rodeado por los asaltantes, que comenzaron a disparar contra el rodado. El conductor detuvo la marcha de inmediato. La banda llevaba fusiles FAL y disparó varias ráfagas. No hubo heridos, pero los ladrones se llevaron unos 400 mil pesos, luego de apoderarse de tres sacas llenas de dinero y de cartuchos con billetes para el recambio del cajero automático que hay en el lugar. Intentaron, sin éxito, abrir la caja de seguridad del blindado, en la que había diez bolsas más llenas de plata.

Una fuente judicial recordó que desde que ocurrió ese robo “la misma banda cometió no menos de 15 asaltos a camiones blindados. En todos los casos actuaron con gran profesionalidad y sincronización. Eran muy organizados y siempre lograban escapar antes de que llegara la policía”.

La banda operaba sobre todo en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, aunque también cometió algunos robos en Córdoba y en Mendoza. Investigaciones posteriores, a cargo de la fiscal Carbonella, permitieron seguir las huellas de muchos de los miembros de la organización, a tal punto que suman 21 las personas detenidas hasta el momento. Entre los detenidos hay policías y gendarmes en actividad, más delincuentes civiles considerados peligrosos, entre ellos un ex integrante de Los Doce Apóstoles, el grupo que protagonizó un histórico motín de ocho días en el penal de Sierra Chica. Hubo 17 rehenes, entre ellos una jueza, y ocho muertos, siete de los cuales fueron incinerados. También les hicieron comer a los otros presos empanadas de carne humana.

Doce de los detenidos de la banda ya fueron reconocidos como supuestos partícipes de los robos, mientras que a los nueve restantes se les adjudica una participación secundaria, aportando vehículos e información que permitió cometer los delitos. Hubo cien allanamientos en los cuales se secuestraron 200 armas, entre las que figuran fusiles FAL y granadas. Se supone que todavía quedan varios prófugos, alguno de los cuales podría ser el autor de la llamada amenazante a la fiscal Carbonella. Fuentes policiales aseguran, sin dar datos fehacientes, que la organización es más importante que la llamada Superbanda que encabezó, en las décadas de los ochenta y noventa, Luis “El Gordo” Valor.