Las rejas del Jardín Botánico lucen desde ayer una faja de seguridad y un candado. La Justicia lo clausuró para determinar si se hacían entierros clandestinos de restos óseos en el lugar. Como adelantó en exclusiva PáginaI12, dos ex empleados habían denunciado las presuntas inhumaciones ilegales y la gestión PRO los había expulsado. El gobierno porteño removió al director del Botánico, Carlos Consentino, pese a que anteayer lo había confirmado en el cargo. Aunque la oposición denuncia que no hizo nada para investigar el hecho hasta que aparecieron las cámaras ocultas de un programa de televisión, el jefe Mauricio Macri llamó a “desterrar la corrupción aberrante, de la mano de la Justicia y de los sumarios”.

Como había anticipado este diario, dos trabajadores del Botánico, Antonio Barrientos y Juan Marcos Neyra, denunciaron que, en el paseo, una banda cobraba para hacer entierros de restos óseos, por permitir sesiones fotográficas para publicidades y hasta por vender bancos verdes del parque. Detallaron que el grupo lo integraban presuntamente el jefe operativo del Botánico, Roberto Logiudice, y su secretaria, Graciela Boultrin, entre otros.

Luego de que a mediados de abril hicieran la denuncia ante sus superiores, ante la Justicia y ante la Defensoría del Pueblo porteña, el director del Botánico suspendió a Barrientos por cinco días. Después el director de Espacios Verdes, Julio César Waisman, lo trasladó al Parque Roca y ordenó que “se impida su ingreso al Botánico, y de ser necesario se recurra a la fuerza pública a los fines de preservar el orden y las buenas costumbres”. El funcionario fundó su resolución en la “inconducta laboral” de Barrientos. A Neyra, como era contratado, directamente lo despidieron.

Dos meses después de presentada la denuncia –de la que tenían conocimiento los acusados–, la fiscal Daniela Dupuy ordenó a la policía científica hacer un relevamiento del Botánico. La medida se concretó el 2 de junio, pero según el informe no se encontró nada, por lo que la fiscal archivó la causa. Por su parte, la Defensoría hizo un pedido de informes al gobierno porteño. También recibió las denuncias y solicitó informes el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Juan Cabandié, que hizo ayer una denuncia penal ante la Justicia por los supuestos entierros, en la que pidió la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para determinar si existen restos óseos.

En tanto, el programa GPS hizo cámaras ocultas donde aparecen Logiudice y Baultrin pidiendo coimas para permitir que se hagan sesiones fotográficas en el Botánico. Los empleados ofrecían además vestuarios y un catering, por el que cobraron 400 pesos sin saber que estaban siendo filmados. También ofertaban dos bancos del Parque, que les enviaron en una camioneta con el logo del gobierno porteño. El programa también mostraba huesos triturados debajo de algunos árboles, aunque los periodistas no tenían elementos para establecer si eran de humanos.

Los macristas reaccionaron recién cuando se enteraron de que existían las cámaras ocultas. El subsecretario de Seguridad porteño, Matías Molinero, hizo una denuncia penal ante la jueza Mónica Berdión de Crudo. Los dos escrachados por las imágenes, Logiudice y Baultrin, fueron detenidos el jueves cuando salían del Botánico.

A pesar de que los funcionarios macristas no le pidieron a la jueza que investigara la denuncia por presuntos entierros –“lo de los huesos no existe”, había dicho Piccardo–, la magistrada decidió actuar de oficio y ordenó la clausura del Jardín Botánico, al que no podrán entrar ni empleados ni visitas hasta que se determine si los huesos que aparecían en las filmaciones eran de humanos. Ayer se secuestraron computadoras y documentos por la denuncia de peculado. En tanto, la policía forense y los bomberos iniciaron un peritaje sobre los presuntos entierros.

Ayer, Piccardo revió la decisión de conservar en el cargo al director del Botánico. El comunicado del gobierno porteño sostuvo que Consentino “fue removido tras comprobarse que bajo su gestión dos empleados cometieron administración fraudulenta y malversación de caudales públicos”.

Ante la clausura que dispuso la Justicia, el ministro de Espacio Público afirmó que “si es cierta la cuestión de los huesos, que paguen los empleados corruptos”. También sostuvo que le entregó a la jueza “un elemento probatorio, una especie de hueso”. En tanto, el jefe de Gobierno decidió que era un buen momento para decir algo: “Queda claro que este gobierno está detrás de que se vuelvan a cumplir las normas, las buenas costumbres, y desterrar la corrupción aberrante con la cual distintos gobiernos han convivido”, interpretó Macri. “Por eso estamos buscando con toda firmeza, de la mano de la Justicia, de los sumarios, ir desterrando a todos los corruptos que encontremos en el Gobierno porteño”, dijo.

“Si Macri está contra la corrupción, me pregunto por qué tardaron tres meses en investigar esta situación y recién reaccionaron cuando esto se difundió en los medios de comunicación”, le contestó Cabandié. “También me gustaría saber por qué razón despidió a uno de los denunciantes y al otro lo trasladaron a Parque Roca”, advirtió el diputado kirchnerista.