El presidente de Ecuador, Rafael Correa, nombró ayer ministra de Finanzas a Wilma Salgado, tras la renuncia de Fausto Ortiz, que discrepó con la decisión oficial de incautar de 195 empresas del grupo Isaías para saldar una deuda de 661,5 millones de dólares del quebrado Filanbanco. La medida, que incluye tres canales de televisión, fue considerada “histórica” por sectores afines al gobierno, porque el remate de los bienes de esas empresas permitirá restituir parte de la pérdidas sufridas por depositantes del Filanbanco en 1998.

Al mismo tiempo, fue calificada como un “avasallamiento” de la libertad de expresión por sectores que rechazan la apropiación de los medios de comunicación del grupo, que incluye a las televisoras TC Televisión, Gamavisión y Cablevisión, además de radios, diarios y revistas. Correa confirmó, durante la asunción de la nueva ministra, en la sede del gobierno, que espera “lo más rápido posible subastar, licitar los bienes y resarcir a los ecuatorianos”.

El mandatario enfatizó que la medida está “apegada a la ley” y que no se trata de “un atentado a la libertad de expresión”. Por su parte, el gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Carlos Bravo, sostuvo que la resolución del gobierno “es fundamental para la historia del país”, a pesar de que reconoció que será “difícil” que el Estado logre recuperar el “hueco patrimonial” generado por el llamado caso Filanbanco.

La AGD es una entidad presidida por el ministro de Finanzas y está encargada de recuperar el dinero que el Estado destinó para sanear una veintena de bancos intervenidos tras la crisis financiera que se desató entre 1998 y 1999, considerada la peor de la historia ecuatoriana.

El funcionario precisó que la incautación alcanza a todas las empresas relacionadas con el grupo, “un total de 195, entre ellas empresas agrícolas, de comercio, de seguros, de construcción, medios de comunicación, yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles”.