El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, Luis Moreno Ocampo, solicitará el lunes una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar Hassan Al-Bashir, por genocidio y crímenes de lesa humanidad, en relación con el conflicto de Darfur que ha causado más de 300.000 muertos, aseguró ayer el diario estadounidense The Washington Post. De salir adelante la demanda del fiscal, Al-Bashir se convertirá en el tercer presidente en ejercicio en ser objeto de un proceso judicial internacional.

La demanda del fiscal, recogida ayer por distintos medios internacionales que citan fuentes de Naciones Unidas, no ha sido confirmada por el TPI, que en mayo anunció que había emitido órdenes de detención contra el ex viceministro del Interior sudanés Ahmad Mohamed Harun y el líder de la milicia “Yanyauid” Ali Kushayb. No obstante, el fiscal argentino Moreno Ocampo tiene previsto comparecer públicamente el lunes en La Haya para presentar los resultados de su segunda investigación sobre el conflicto de Darfur.

Si plantea entonces la petición de arresto, tres jueces de la sala preliminar del TPI decidirán si las pruebas presentadas por el ministerio público constituyen una base razonable para hacer efectiva la orden contra el presidente de Sudán. Según publicó ayer el rotativo Le Monde, altos responsables diplomáticos y de las Naciones Unidas han sido alertados de las intenciones del fiscal argentino y tomarán medidas de precaución en caso de que Jartum tome represalias contra la presencia internacional en Sudán. Algunos diplomáticos temen que la decisión del tribunal pueda entorpecer el proceso de paz en Darfur y no descartan acciones de venganza por parte de las fuerzas armadas sudanesas contra los aproximadamente 10.000 soldados de Naciones Unidas y la Unión Africana que integran la misión de paz en esa región. El director del Departamento de Justicia internacional de la organización Human Rights Watch, Richard Dicker, dijo al diario francés que la orden de detención supondría “un paso significativo contra la impunidad en Darfur y enviará el mensaje de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente”.

El embajador de Sudán ante la ONU, Abdalmahmud Abdalhaleem, citado ayer por el diario norteamericano The Washington Post, advirtió que el fiscal Moreno Ocampo “está jugando con fuego” y que su iniciativa, si se concreta, tendría “graves consecuencias”. En junio, el fiscal jefe del TPI acusó a Jartum en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde dijo que el disimulo de los crímenes por parte de las autoridades sudanesas es característico de un sistema criminal como el de Ruanda o Yugoslavia.

“Para planificar y cometer crímenes de esa naturaleza, a esa escala y durante un período tan largo, los criminales deben movilizar a todo el aparato del Estado”, añadió Moreno Ocampo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denunció ese mismo mes la falta de cooperación de Sudán con el CPI, y la Unión Europea amenazó con sancionar a Jartum.

Sudán, la mayor nación del continente africano, sufre múltiples divisiones religiosas, étnicas y socioeconómicas, acentuadas por las luchas para apropiarse de las riquezas naturales, desde que en 1978 se descubriera petróleo al sur del país.

Los enfrentamientos en Darfur, región occidental de Sudán fronteriza con Chad, se han cobrado unos 300.000 muertos y han ocasionado unos dos millones y medio de desplazados a campos de refugiados dentro y fuera del país, en lo que la ONU ha definido como uno de los peores desastres humanitarios de este siglo. La misión híbrida de la ONU y la Unión Africana (Unamid), que asumió el pasado 1º de enero el mandato de proteger a la población civil de Darfur, cuenta con poco más de 9000 uniformados y carece de los helicópteros que necesita para operar.