Medio centenar de personas fueron ejecutadas en las últimas 48 horas en México. Manos atadas, tiros de gracia, señales de tortura y mensajes mafiosos hacen sospechar que los asesinatos estarían vinculados con ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes y vendettas contra policías o funcionarios que investigan el crimen organizado. De los cuerpos hallados, ocho pertenecen a jefes policiales, sus escoltas y miembros de las procuradurías locales.

En momentos en que el gobierno de Felipe Calderón intenta aprobar una reforma penal para endurecer las penas, la violencia narco volvió a repuntar y le pegó especialmente a la policía. En lo que va del año, al menos 270 agentes fueron ejecutados con tiros en la cabeza o torturados y abandonados en baldíos junto con amenazas escritas. El lunes a la mañana el subdirector de la policía de Solidaridad, un municipio de Quintana Roo, fue acribillado junto a su escolta cuando salía de su casa en Playa del Carmen, uno de los principales puntos turísticos del país. Las pericias indican que recibió por lo menos 80 balazos.

Minutos después, todos los agentes de Solidaridad y de los municipios vecinos recibieron amenazas por sus radios. “¡A todos se los va a cargar la chingada, cabrones!”, repitió ocho veces una voz exaltada. “Hay más en la lista”, fue lo último que dijo. Según la policía se habría identificado como un miembro de Los Zetas, una de las principales bandas narco que operan en México.

Horas antes, en Atlacomulco, un comando armado había interceptado el auto del capitán de la Policía Federal Preventiva, Fabián Mario Martínez Torres. Según la Procuraduría General, el auto recibió 82 impactos de bala de ametralladoras AK-47 (la misma que utiliza la insurgencia iraquí). Junto a Martínez Torres viajaban otros dos policías. Uno murió dentro del auto y el otro habría sido secuestrado por el comando.

El otro funcionario de alto perfil que murió el lunes fue Pedro Aragonés, el jefe de Servicios Periciales de la Procuraduría de Chihuahua, estado lindante con Estados Unidos. En lo que va del mes, 67 funcionarios de esa institución han sido asesinados, presuntamente por los narcos. Ayer los medios mexicanos destacaban que Aragonés era el encargado de investigar las ejecuciones y los secuestros más resonantes en uno de los estados más azotados por la guerra entre el narcotráfico y la ofensiva militar de Calderón.

La policía y los funcionarios judiciales no son los únicos objetivos de los narcos. Según denunció el gobierno mexicano, la semana pasado dos abogados indígenas que defendían las causas campesinas y de sus comunidades fueron secuestrados. Ayer un policía retirado del estado de Morelos y un joven no identificado de Cancún también fueron secuestrados, presuntamente como ajustes de cuentas entre bandas narcos.

Muchas veces estos cuerpos aparecen días o semanas después con mensajes mafiosos. El sábado pasado el cuerpo de un ex funcionario de la Procuraduría de Tijuana fue encontrado tirado en la calle, acurrucado contra un boulevard. Al lado de él yacía un cartel: “Esto les va a pasar a los que trabajen con Mario Zambada”. Zambada es uno de los jefes narcos más buscados en Sinaloa y uno de los primeros en la lista de extraditables de Estados Unidos.