La ilegalización por el Tribunal Supremo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), dos días después de la de ANV –las dos últimas siglas utilizadas por Batasuna para presentarse a las elecciones–, significa que la izquierda abertzale ligada a ETA no podrá participar en las autonómicas de la primavera próxima, lo cual tendrá consecuencias políticas. Esas ilegalizaciones, como la de las Gestoras pro Amnistía por la Audiencia Nacional esta misma semana, forman parte de la dinámica de acoso judicial al mundo de ETA impulsada tras la oficialización, en junio del año pasado, de la ruptura de la tregua. El PP ha reprochado al gobierno su negativa, en 2007, a impugnar la totalidad de las listas de ANV para las elecciones municipales, lo que habría evitado que fueran elegidos bajo esas siglas 437 concejales que conservarán su acta hasta el final de su mandato, pese a que la sentencia considera a su partido un instrumento de ETA. Los indicios de que Batasuna había colonizado ese viejo partido para burlar la ley eran abrumadores, y aun así el gobierno y la fiscalía sólo propiciaron la ilegalización de la mitad de sus listas. Se invocaron razones jurídicas, aunque era obvio que la decisión estaba condicionada por el deseo de evitar la ruptura final de la agonizante tregua.