Desde Madrid *

El Consejo de Ministros aprobó ayer el plan para el retorno voluntario de inmigrantes desempleados, según confirmaron fuentes gubernamentales. Con él, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, pretende que el cada vez mayor número de extranjeros que se están viendo afectados por la crisis, sobre todo por el paro de la construcción, tengan la posibilidad de cobrar todo el subsidio de desempleo de una vez, a cambio de regresar a sus países de origen. La normativa no entrará inmediatamente en vigor, ya que aún debe ser revisada por el Consejo de Estado.

El plan está dirigido a los inmigrantes procedentes de los 19 países que tienen convenios en materia de Seguridad Social con España. Ecuador y Marruecos son los países de origen de más de la mitad de los 165.000 inmigrantes no comunitarios desempleados contabilizados en julio.

Los extranjeros de estos países que se encuentren en paro podrán recibir toda la prestación de desempleo a la que tienen derecho en dos plazos. El primero, del 40 por ciento del total, en España. El otro 60 por ciento lo recibirían al mes siguiente, ya en su país de origen.

Para acceder a este dinero, el inmigrante debe renunciar a sus permisos de residencia y trabajo. Asimismo, debe comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes. Pasado ese tiempo, puede volver a solicitar la entrada para trabajar, pero el gobierno no garantiza en ningún caso ese regreso. Si la petición se produce a los cinco años de haberse acogido a este retorno, el Ejecutivo se compromete a darle prioridad en los programas de contratación en origen. En tal caso, además, podrá recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación. Si cuando se fue tenía residencia permanente, al volver no recibirá un permiso inicial, sino permanente.

El proyecto, que ha recibido críticas de las asociaciones de inmigrantes, fue adelantado por el presidente del gobierno en su discurso de investidura, el pasado mes de abril. A pesar de que los cálculos iniciales del ministro de Trabajo apuntaban a más de un millón de posibles solicitantes de estas ayudas, a mediados de julio el gobierno tuvo que rebajar esa expectativa hasta poco más de 10.000 personas. Por entonces, la cifra total de parados extranjeros no comunitarios ascendía a 165.000. El número de inmigrantes de fuera de la UE que viven legalmente en España es 2,2 millones de personas.

A través de este plan, el gobierno pretende aliviar la cifra de de-socupados, que no ha dejado de aumentar desde que se hicieron evidentes las dificultades económicas y el brusco paro del sector de la construcción, que aglutina buena parte de la mano de obra no calificada inmigrante en el país.

* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12.