Los dos primeros jefes paramilitares extraditados fueron condenados ayer en Estados Unidos por narcotráfico. Las sentencias contra Ramiro “Cuco” Vanoy y Francisco Zuluaga Lindo, alias el Gordo Lindo, fueron un poco más altas de lo esperado –24 años y cuatro meses y 21 años y ocho meses, respectivamente–, pero los acuerdos firmados entre los criminales y el Departamento de Justicia norteamericano confirmaron los temores de las organizaciones de derechos humanos colombianas. “Los acuerdos no los obligan a cooperar en los juicios por delitos de lesa humanidad que tienen abiertos en su país –alertó Roxanna Altholz, una de las abogadas norteamericanas que representan a los familiares de las víctimas–. Y lo que es peor, no hay nada que garantice que sean extraditados nuevamente a Colombia cuando hayan cumplido sus penas aquí.”

El acuerdo que firmaron los dos jefes paramilitares se limita a dejar las puertas abiertas. “Nada dentro de este acuerdo impide que el defendido continúe cumpliendo con sus obligaciones bajo la Ley de Justicia y Paz”, dice el texto, al que tuvo acceso PáginaI12. Esas obligaciones incluyen contar toda la verdad sobre las decenas de miles de colombianos que los paramilitares asesinaron, torturaron e hicieron desaparecer en las últimas dos décadas, y devolver a sus familiares los bienes que robaron y usurparon mientras “salvaban al país del terror de la subversión”.

Desde su desmovilización, Cuco Vanoy había declarado quince veces ante la Justicia colombiana y había confesado 306 asesinatos. Según la Fiscalía recién era el principio. El bloque dirigido por Vanoy era acusado de más de tres mil muertes. Sin embargo, en mayo pasado él y otros trece jefes “paras” fueron extraditados a Estados Unidos por orden del presidente Alvaro Uribe. Desde entonces, no han vuelto a hablar de sus crímenes, ni de la alianza que sellaron con funcionarios aliados a Uribe.

A principio de esta semana la Comisión de Juristas Colombianos, una organización con reconocimiento internacional, envió una carta al juez federal que lleva el caso de Vanoy y el Gordo Lindo en Miami, K. Michael Moore y al fiscal general Michael Mukasey para que rechacen los acuerdos firmados por los paramilitares. Las masacres y las desapariciones masivas de colombianos no fueron mencionados ayer durante la lectura de la sentencia. Sin embargo, el juez Moore pidió la pena más alta que permitían los acuerdos, más cinco años de libertad condicional. En total las condenas superan con creces los ocho años de cárcel que proponía la Ley de Justicia y Paz en Colombia. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos del país sudamericano no estaban contentas ayer. “Pueden condenarlos a sentencias más largas, pero ése no es el punto. ¿Quién ordenó los crímenes? ¿Quién se benefició de ellos? Queremos la verdad, no sólo que los encarcelen”, reclamó ayer desde Bogotá Iván Cepeda, hijo de un líder político asesinado por los paramilitares y presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Todavía quedan doce sentencias. La mayoría de los paramilitares extraditados ya adelantaron que firmaron o están por firmar acuerdos con los fiscales norteamericanos para evitar las penas máximas, de 30 o 40 años. “El gobierno estadounidense no está haciendo lo suficiente para asegurar el derecho de las víctimas –denunció la abogada Altholz–. Su colaboración con la Justicia colombiana no puede ser simplemente permitir teleconferencias; tiene las armas para obligar a los paramilitares a cooperar, por ejemplo, con los acuerdos.”

Ayer el abogado defensor de los dos paramilitares condenados aseguró que sus clientes quieren “seguir” cooperando con la Justicia colombiana. Cuco Vanoy y el Gordo Lindo podrían declarar en las próximas semanas. Aunque ahora, deciden ellos.