La Sala I de la Cámara Federal de San Martín declaró la incompetencia de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en la causa en la que se investiga una red de espionaje informático a políticos, artistas y periodistas. Después de dos años de pesquisa, el expediente deberá pasar a la Justicia federal porteña. La magistrada había pedido la captura de dos ex agentes de la SIDE y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que están prófugos, y había juntado elementos para empezar a citar a indagatoria a otros imputados tras un largo desfile de víctimas –desde ministros como Jorge Taiana y Nilda Garré hasta la diva Susana Giménez– que reconocieron como propios cientos de e-mails que habían sido interceptados por los hackers.

Arroyo Salgado analizaba aplicar el delito de violación de secretos de Estado, ya que gran cantidad de correos electrónicos interceptados por la banda pertenecían a funcionarios. Hasta los secretarios de la presidenta Cristina Kirchner habrían estado vigilados. La causa llegó a la Cámara cuando uno de los sospechosos, el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete, pidió la recusación de la jueza. El tribunal rechazó ese planteo aunque tomó una decisión que produjo el mismo resultado: apartó a la jueza con el argumento de que la mayoría de los hechos habrían ocurrido en Capital Federal.

En mayo último el juzgado llevó a cabo varios allanamientos. El de la casa de Alderete fue uno de ellos. Otros procedimientos se hicieron en los domicilios del ex jefe de la SIDE de comienzos del menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, del general retirado Daniel Reimundes (secretario general del Ejército en los gobiernos de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde) y de los dos ex agentes de la PSA, Iván Velázquez y Pablo Carpintero. Todos sospechosos clave en esta historia. La causa en teoría se radicó en San Isidro, porque en esa jurisdicción se habrían detectado los primeros hechos. Menos Yofre, el resto de los imputados vive en la provincia de Buenos Aires. La Cámara apuntaría a priorizar el lugar donde viven o trabajan la mayoría de las víctimas.

La sala que tomó esta decisión, está integrada por los jueces Hugo Fossatti, Jorge Barral y Juan Lugones. Es la misma que años atrás convalidó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –dando aire por un tiempo a varios represores– y que nunca admitió los pedidos para que se investigaran torturas y ejecuciones en la toma del cuartel de La Tablada. Ahora, la causa del espionaje irá a sorteo en el fuero federal y hay que ver si ahí algún juez la acepta. Así, iría camino a convertirse, al menos por un tiempo, en un típico caso de expediente paralizado.