Compromiso y responsabilidad ante los nuevos desafíos. Esta fue la idea que de alguna manera unió a los funcionarios de los seis ministerios que ayer hablaron de las políticas públicas de drogas. O de su inexistencia. Más allá de explayarse por primera vez sobre el apoyo al eslogan de “no criminalizar al adicto”, instaurado por el ministro Aníbal Fernández, las autoridades tuvieron que plantear cómo implementar el nuevo escenario en áreas como salud, educación o trabajo. Con la Sedronar fuera de juego, las funciones en prevención y represión del narcotráfico de esta secretaría creada a partir de la ley prohibicionista que se busca revertir, reabrieron debates enterrados en la comodidad del silencio.

No fue casualidad que el escenario elegido para estas primeras jornadas de reflexión haya sido la sede porteña del Colegio Público de Abogados. Los ánimos despenalizadores del oficialismo no provinieron del reclamo de los consumidores por su autonomía, sino de la necesidad de una Justicia ahogada de causas por tenencia para consumo personal. La jornada reunió, además de casi todo el gabinete, a expertos y representantes de la Justicia y el Congreso. Durante todo el día hubo paneles sobre los aspectos penales y su relación con el consumo y el narcotráfico, ponencias que discurrieron sobre la asistencia integral y la promoción de derechos o talleres de educación.

“Las leyes no empiezan a existir cuando se las sanciona sino cuando echan raíces en la sociedad, convirtiéndose en hábitos colectivos”, sentenció el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante la inauguración, sin ocultar que se trataba de un concepto aristotélico. Y la cita resultó muy oportuna porque el tan mentado proyecto que reemplazará a la hipercriticada ley de drogas todavía no apareció, pero ayer se habló como si su estuviera aprobado y se discutiera su implementación. Fernández afirmó incluso que entre las fuerzas de seguridad el proyecto tuvo “una recepción fenomenal”.

Rodeado de los ministros y funcionarios de Trabajo, Interior, Educación, Salud, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, Fernández elogió “el rapto lúcido” que tuvo el actual juez de la Corte Suprema de la Nación Enrique Petracchi cuando votó a favor de declarar inconstitucional que se castigue la tenencia de estupefacientes para uso personal. Recordó que esa decisión, tomada en 1985 a partir del caso Bazterrica, fue “una pieza de colección”, en un momento en que aún se imponía la doctrina impulsada por el presidente norteamericano Richard Nixon y acatada por López Rega, que “parangonaba al adicto con el subversivo”.

Ayer todos se encargaron de criticar al modelo estadounidense y también de aclarar que por encima de las convenciones internacionales sobre drogas están los tratados de derechos humanos. Y que en la Argentina no se debatió lo suficiente, al punto de adoptar una legislación que rompe con las garantías constitucionales del país. Un tema sobre el que también versó la exposición de Fernández.

Por turnos, los demás ministros esbozaron sus responsabilidades ante el cambio de alineación que acercará al país la política de tolerancia y reducción de daños implementada en varias naciones europeas. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reconoció estar “asustado” por el incremento del uso de estupefacientes en ámbitos laborales. Habló de prevención y sugirió, como un canal posible, los convenios colectivos de trabajo, instancia donde sindicalistas y empresarios discuten el salario pero también las condiciones de trabajo. “Desde ahí se pueden impulsar acciones tendientes a generar conciencia sobre las adicciones”, completó Tomada.

Alicia Kirchner, en cambio, prefirió dejar las buenas intenciones de lado y mencionó el camino recorrido por el Ministerio de Desarrollo Social en el tema. “Desde el 2003 se está haciendo un gran cambio en lo que respecta a las políticas sociales”, aseguró. Como ejemplo puso al Plan Familia, “en el cual se aborda la problemática de la droga” y la labor realizada junto a las Madres del Paco (que están en contra del proyecto oficial). “Hay que trabajar con todas las organizaciones en su conjunto, para poder hacer políticas sociales”, recomendó la ministra, y aseguró estar “al servicio de esta construcción” para la que cuenta con los “equipos técnicos necesarios para llevarla adelante”.

La ministra de Salud, Graciela Ocaña, estaba de viaje, así que fue uno de su secretarios, Carlos Sorati, quien escuetamente sentó los lineamientos de esta cartera. “El uso abusivo de drogas es un problema que por su complejidad debe ser abordado intersectorialmente”, definió, aunque no tardó en desmarcarse, como dice el dicho: “Juntos pero no revueltos”. Fue entonces cuando explicó, sin entrar en detalles, que “en salud la especificidad es clave y hay ciertos temas que son de áreas puntuales en las que no conviene que intervengan otros sectores”.

Tal vez la referencia era para los jueces que hasta hoy siguen derivando consumidores y adictos, por igual, a los centros médicos como forma de conmutarles la pena. No se mencionó el vacío legislativo sobre los tratamientos, en general compulsivos, ni al escaso control sobre las comunidades terapéuticas o granjas (muchas de ellas denunciadas ante la Justicia por torturas y privaciones ilegítimas de la libertad). Hoy, la primera mesa redonda a las 9 será sobre este tema, tal vez el más preocupante en lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos.

Otro faltazo fue el del ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco. En su lugar estuvo Alberto Sileoni, su segundo, que dio un discurso corto pero encendido. “No se puede educar desde la construcción de la figura de lo prohibido, porque el miedo y el terror no pueden ser estímulos”, dijo, casi en tono de autocrítica. “Los consumidores son sujetos de derecho y hay que escucharlos”, agregó, ganándose a la platea de militantes cannábicos que concurrieron a la jornada.

Por otra parte, Sileoni planteó la necesidad de “hablar en serio” con los chicos y dejar de “tomarlos por tontos”. El tema de la prevención e información real será central en los cambios a implementarse desde el Ministerio de Educación, aunque puertas adentro comparen el tema drogas con la educación sexual (más que nada por lo complicado de introducirlo dentro de la currícula). Es que debe ser consensuado por el Consejo Federal de Educación, donde las posturas difieren según las autoridades provinciales, muchas de ellas conservadoras.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, no habló. Su par de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, juró que el tema drogas es uno “de los más importantes de la agenda internacional” y recordó que las actuales políticas a nivel mundial están siendo revisadas por la ONU. Pidió “un enfoque que abarque a toda la sociedad” y exigió consenso y participación si se quiere que este cambio tenga legitimidad. En cierta forma era lo que buscaba esta iniciativa del Comité Científico Asesor. Su secretaria ejecutiva, la fiscal Mónica Cuñarro, destacó la iniciativa del sistema judicial por frenar los efectos de la prohibición pero reconoció sus límites: “De este embrollo se sale haciendo política, eso es lo que estamos exigiendo”.