Desde Lima

En momentos que el gobierno de Alan García atraviesa su peor crisis política a raíz de un escándalo de corrupción que precipitó la renuncia de su gabinete, el grupo maoísta Sendero Luminoso reapareció en escena emboscando a una patrulla militar en una agreste zona montañosa ubicada a unos 600 kilómetros sudeste de Lima. En el ataque, que se produjo en la noche del jueves, murieron doce militares y siete civiles. Otros tres civiles, entre ellos un niño, quedaron gravemente heridos. Este es el mayor ataque de Sendero Luminoso en la última década. La emboscada se produjo en el valle de los ríos Apurímac y Ene, zona conocida como el VRAE, donde Sendero tiene su último reducto y también domina el narcotráfico. Esta es considerada como la región más violenta del país.

Ya oscurecía cuando la patrulla militar de cuatro vehículos portatropas, que venía de una celebración por el aniversario del poblado de Tintaypuco, en la región de Huancavelica, tomó una curva en el estrecho camino rodeado de bosques y una carga explosiva estalló a su paso. Desde ambos lados del camino, los senderistas dispararon con armas automáticas contra los ocupantes de los vehículos. En el convoy militar también viajaban civiles. Según un comunicado oficial de las fuerzas armadas, los soldados respondieron el ataque y se produjo un enfrentamiento que “duró varias horas”. Terminado el enfrentamiento quedaron en el piso 19 cadáveres y varios heridos, al menos tres de ellos graves. Las autoridades no reportaron bajas entre los senderistas.

Desde el 30 de agosto, las fuerzas armadas han lanzado una ofensiva militar en el VRAE, que con más de 15 mil hectáreas de hoja de coca vive de este producto y es el mayor abastecedor de materia prima de las mafias del narcotráfico que elaboran cocaína. Los narcos y Sendero marcan la pauta en el lugar. Fuerte en esa remota región, pero aislado del resto del país, Sendero tiene en el VRAE unos 300 hombres. La ofensiva militar lanzada el 30 de agosto tiene como objetivo tomar el último refugio senderista en el VRAE, que tiene su centro en el poblado de Vizcatán, ubicado en una región montañosa de muy difícil acceso, entre los Andes y la selva amazónica. Los militares atacaron con rockets desde helicópteros antes de ingresar a la zona. Más de un centenar de campesinos que viven en el lugar huyeron de sus casas y se ha denunciado la desaparición de once personas como consecuencia de la ofensiva militar.

El gobierno niega las desapariciones y solamente admite la muerte de cinco “delincuentes narcoterroristas”. Sin embargo, el hallazgo de fosas con cuatro cadáveres de campesinos y las versiones de pobladores de la zona confirmarían las denuncias de la existencia de víctimas entre la población civil como consecuencia de los ataques militares. Marcelino Pichardo, un campesino de 52 años, aseguró que cuatro cadáveres que fueron exhumados por las autoridades judiciales son de familiares suyos que no tenían relación con Sendero. Todos ellos presentan heridas de bala. Uno de los muertos es una mujer que tenía cinco meses de embarazo.

“En esa zona todos son narcoterroristas o colaboradores”, señaló el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, justificando la muerte de estos cuatro pobladores a mano de los militares. Con esas palabras, puso a toda la población civil de la zona como blanco de la ofensiva militar. Y sobre los siete campesinos que siguen desaparecidos, el ministro dijo que “no existen” porque sus nombres no figuran en el registro nacional de identidad, desconociendo que es común entre los campesinos de las zonas alejadas no registrarse. “Físicamente sí existen y ahora ya no están”, le respondió Paola Ca-ccha, abogada de los familiares de los desaparecidos.

Estas denuncias de ejecuciones y desapariciones de militantes de Sendero Luminoso se producen en momentos que el presidente García ha exigido que se ponga fin a los juicios contra los militares acusados por violaciones a los derechos humanos.