Soplan vientos de esperanza en Colombia. La Justicia se está abriendo paso en la maleza de corrupciones, asesinatos y fraudes electorales. “Hasta febrero de 2008”, relata el informe presentado en Bogotá por Human Rights Watch, “la Unidad Nacional de la Fiscalía para Justicia y Paz había brindado información a otros fiscales para iniciar investigaciones sobre el vicepresidente, un miembro del gabinete, 11 senadores, ocho congresistas, un ex congresista, cuatro gobernadores, 27 alcaldes, un concejal, un diputado, 10 ‘líderes políticos’, 10 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, 39 miembros del ejército, 52 miembros de la policía, 56 civiles y dos miembros del Servicio de Inteligencia colombiano”. Pero hay un gran pero a todo eso: el gobierno del presidente Alvaro Uribe, según Human Rights Watch, está remando en contra de la Justicia, “obstaculizando y saboteando” el trabajo de los jueces. Y los jueces tienen trabajo en Colombia.

Hay municipios como El Salado donde los paramilitares vinculados al narcotráfico entraron con 400 hombres y mataron a cien personas (18 de febrero de 2000). En otros como El Aro, de Antioquia, 30 paras ejecutaron a 15 personas, entre ellas un niño, “incendiaron todas las viviendas del pueblo, excepto ocho, y obligaron a huir a la mayoría de los 671 residentes”. Fueron cinco días de octubre de 1997. Y así, hasta completar 130.000 víctimas que según Human Rights Watch, cayeron en manos de la guerrilla. La peruana-estadounidense María McFarland, responsable del informe, señala en conversación telefónica desde Bogotá que el frágil momento de esperanza que vive la Justicia colombiana obedece a la conjunción de unos factores fortuitos que puso en el mismo sendero el trabajo de una analista política, nueve jueces y varios periodistas. Hace dos años la politóloga Claudia López, descubrió que determinados resultados en las elecciones generales de 2002 sólo podían explicarse por fraude y por la presión de los paramilitares en distintos puntos del país.

A raíz del estudio de López y de diversas publicaciones en la prensa colombiana, los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, liderados por su presidente, Iván Velázquez, decidieron coordinar las investigaciones que hasta entonces cada uno de ellos llevaba por separado. Como resultado, hoy día, el 20 por ciento de los congresistas colombianos está siendo investigado por su conexión con los paras. Y la mayoría de ellos pertenecen a la coalición de Uribe.

“Pero el precio que están pagando es alto”, señala McFarland. “El gobierno ha emprendido en el último año una campaña de desprestigio contra la Corte y magistrados específicos: a unos los acusa de ser unos borrachos y a otros de presionar a paramilitares para que testifiquen en contra de Uribe. Hoy en día un magistrado que quiera entrevistar a un testigo lo piensa 20 veces y se cuida de llevar a gente para que presencie su entrevista con el testigo, porque éste puede declarar después que el magistrado trató de presionarlo para imputar al presidente”. McFarland desea que el informe sirva para que la comunidad internacional presione a Uribe.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.