Si el Gobierno y Marsans se atuvieran estrictamente a la ley vigente, deberían capitalizar ya a la empresa Aerolíneas Argentinas para evitar su disolución. En su carácter de socio mayoritario, Marsans debería aportar no menos de 509 millones de pesos para evitar que las pérdidas acumuladas superen la mitad de su capital, requisito que según la Ley de Sociedades condena a la liquidación. Todo esto en el marco de una complicada negociación entre el Gobierno y los españoles.

Según el balance al 31 de diciembre de 2007 de Aerolíneas –aprobado el martes a instancia del accionista mayoritario, pero con la negativa de los directores estatales y el de los trabajadores–, la empresa tiene un patrimonio neto negativo de 82 millones de pesos y un rojo operativo de 457 millones. Otros datos relevantes son que la pérdida acumulada trepa a 991 millones de pesos y el capital es de 909.

El artículo 206 de la Ley de Sociedades impide que los quebrantos acumulados superen la mitad del capital y, en caso de que eso ocurra, la empresa debería realizar sus activos y disolverse. La manera de evitar ese derrape sería capitalizándola, en este caso por unos 536 millones de pesos, de los cuales a Marsans le corresponderían 509. Un ejercicio que, aunque con números diferentes, conduce al mismo lugar que un paper producido por la gerencia que comanda Julio Alak y que circula entre algunos legisladores. Este resumen sintetiza la situación a julio pasado, cuando comenzó el gerenciamiento conjunto, después de que el Gobierno anunciara la voluntad de reestatizar la compañía a través de la compra de acciones. Allí se detalla que Aerolíneas tiene una deuda superior a los 1000 millones de dólares y, junto a Austral, acumula un patrimonio neto negativo de 1002 millones de pesos (algo menos de 300 millones de dólares). Si se tiene en cuenta que AA está concursada, lo que entre otras cuestiones restringe su capacidad de tomar deuda, desde el punto de vista legal y técnico se encuentra en una situación de virtual quiebra.

La consultora Price Waterhouse, como auditora externa, analizó la delicadeza del cuadro y por eso tuvo muchas dificultades para producir su dictamen para acompañar los estados contables. Tanto, que consultó al ministro Julio De Vido sobre un eventual amparo legal para formalizar este trámite. Algo diferente se registra con Austral, que tiene un balance independiente aunque pertenece al mismo grupo: Interinvest (la formación jurídica de Air Comet-Marsans para operar en el mercado local). Valuada por el método de flujo de fondos su precio es de 76,15 millones de dólares. Al 31 de diciembre pasado, tenía una pérdida neta de 98 millones de pesos y quebrantos acumulados por 96,62 millones en moneda local; el patrimonio neto negativo es de 9,6 millones.

En este caso, la cuenta en función de la Ley de Sociedades resulta que, para evitar la liquidación, alcanzarían 58 millones de pesos. Un esfuerzo muy inferior para sostener a una compañía que hoy tiene la mayor parte de las frecuencias de cabotaje, una dotación de personal menor y un pasivo dramáticamente más liviano. No es extraño, entonces, que Marsans amague con querer retener esta línea entregando los despojos de Aerolíneas al Estado. Una alternativa que ayer los diputados oficialistas Mariano West y Ariel Basteiro descartaron en forma enfática (ver aparte).

El Estado no tiene participación accionaria en Austral, en la que los trabajadores detentan el 10 por ciento a través del programa de propiedad participada. Pero sí lo tiene en Aerolíneas, donde, eventualmente, podría capitalizar los millonarios desembolsos que hizo en los últimos meses para sostener la operatividad de la compañía. Pero este camino está bloqueado, ya que sólo sería factible concretarlo si el accionista mayoritario lo convalida en una asamblea, órgano que lidera.

La danza de números comenzó a ser revisada en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que desmenuzará el tema el próximo jueves junto a los técnicos del Tribunal de Tasación de la Nación. Ni aquí ni en el resto del Parlamento es posible que gane consenso cualquier operación onerosa para el Estado.