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El vicepresidente saliente de Estados Unidos, Dick Cheney, defendió el lunes la utilización del “submarino” como método de tortura en interrogatorios con presuntos terroristas. El “submarino” consiste en la simulación de ahogamiento del prisionero. Cheney no sólo defendió la utilización del citado método, sino que reveló que él mismo había avalado su aplicación. “Los resultados hablan por sí solos”, dijo el vicepresidente a modo de justificación. “La práctica ha sido notablemente exitosa”, agregó.

Las declaraciones de Cheney a la cadena ABC pueden ser asimiladas a un reconocimiento público y al más alto nivel del gobierno norteamericano de la utilización de esta clase de prácticas con los sospechosos de terrorismo que han sido denunciadas como torturas por diversos organismos internacionales de derechos humanos. Hasta ahora el gobierno estadounidense se había escudado en las nociones de secreto de Estado y de “seguridad nacional” para no confirmar el uso de las mismas. A pesar de ello, a principios de este año la Casa Blanca vetó un proyecto del Senado que intentaba prohibir ciertos métodos de tortura, entre ellos el “submarino”, dando así su aval implícito.

Cuando la cadena ABC le preguntó si consideraba apropiado el uso del “submarino” entre los métodos para obtener la confesión de Khaled Cheikh Mohammed, presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre, Cheney respondió con un rotundo sí. Sin embargo, negó que ciertos métodos empleados contra este y otros detenidos hayan ido demasiado lejos.

Cabe destacar que en el marco de su “lucha global contra el terror” la administración Bush desarrolló un programa secreto de detención de sospechosos de terrorismo a través del cual los servicios de inteligencia obtuvieron luz verde para la utilización de toda clase de prácticas de interrogatorio, a diferencia de lo que sucede con los militares.

Por su parte, el mandatario estadounidense –que dejará su cargo el próximo 20 de enero– defendió a su vez la idea de mantener abierta la prisión de Guantánamo, situada en territorio cubano. Dicha prisión, famosa mundialmente por las condiciones infrahumanas de detención que allí imperan, es sospechada de ser utilizada como centro para realizar interrogatorios al margen de toda legislación del derecho internacional, en particular de la Convención de Ginebra, la cual regula el tratamiento a los prisioneros de guerra. La administración Bush, al negarles a los detenidos ese estatuto, no solo violaría las normas internacionales sino que utilizaría el presunto vacío legal así generado para aplicar toda clase de métodos a la hora de practicar interrogatorios.