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El Senado italiano aprobó ayer una nueva ley de seguridad que permite a los médicos denunciar a los inmigrantes ilegales que se atiendan en centros sanitarios. La aprobación del proyecto, que consagró la inmigración ilegal como un delito, generó un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos y partidos de la oposición. “Esta medida constituye una página oscura y vergonzosa para nuestro país. Esto es puro racismo”, exclamó Mariapia Garavaglia, senadora del Partido Demócrata (PD).

La votación en el Senado se dio en un clima de tensión. La oposición criticó el contenido de la ley durante horas, pero el debate se zanjó por una simple cuestión matemática. Con 156 votos a favor y 132 en contra, el gobierno conservador de Silvio Berlusconi dio un paso más en su política antiinmigratoria. Ahora sólo falta la aprobación en Diputados. “Con este proyecto se superó el límite que separa el rigor de la ley de la simple y llana persecución”, denunció Anna Finocchiaro, vocera del PD en el Senado. La nueva norma, que propuso la xenófoba Liga Norte, miembro de la coalición gubernamental, canceló una ley anterior en la que justamente se prohibía a los médicos convertirse en un cuerpo de delación de indocumentados, en nombre de los principios humanitarios y la ética profesional. Además, la disposición establece la creación de un registro de vagabundos extranjeros para facilitar su expulsión del territorio italiano así como un aumento en el valor del trámite del permiso de residencia, pasando dicho monto de los actuales 80 a 200 euros.

Por su parte, la organización Médicos sin Fronteras (MSF) lanzó días atrás una campaña de protesta bajo el lema “Somos médicos y no espías” para denunciar la posibilidad de que se apruebe esta enmienda. Sin embargo, los esfuerzos de la ONG no fueron suficientes. “Estamos desconcertados ante la decisión del Senado de haber ignorado el grito de alarma de médicos, enfermeras, obstetras y cientos de asociaciones”, se indignó ayer el director general de MSF Italia, Kostas Moschochoritis. “Esta norma viola el derecho del secreto profesional”, agregó.

La organización internacional denunció asimismo que con la aprobación de esta nueva ley se corre el peligro de crear un clima de miedo y de desconfianza, reduciendo así el acceso de los inmigrantes indocumentados a los centros sanitarios, a pesar de que así lo garantiza la Constitución italiana.

Entre los artículos aprobados hay otros dos puntos que ya provocaron una polémica en la península. En uno de ellos se prevé una pena de cárcel de hasta cuatro años para los inmigrantes sin papeles que no obedezcan la orden de expulsión. En otro, se permite a las autoridades locales la creación de las llamadas rondas, es decir, grupos de ciudadanos para controlar la seguridad de las calles.