Federación Agraria anunciará hoy al mediodía en Rosario su intención de realizar un nuevo lockout rural antes de fin de mes. La decisión se estaba terminando de delinear anoche en la reunión de su Consejo Directivo Central, donde los oradores coincidieron en la necesidad de retomar las protestas contra la política agropecuaria oficial. Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural fijarán su postura el miércoles. En estos últimos dos casos se da por descontado un aval a la medida de fuerza, pero las diferencias surgen al momento de la implementación, pues no todos quieren reeditar un escenario como el del primer semestre del año pasado, con lockout por tiempo indeterminado y cortes de ruta. La Mesa de Enlace será la encargada de consensuar esos “detalles” el próximo jueves. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se anticipó ayer a lo que viene y criticó elípticamente a los dirigentes del agro al afirmar que “la Argentina necesita que todos depongamos actitudes de fuerza, de creer que solamente uno tiene la razón, de amenazas o de puño crispado”.

Los ruralistas aún están lejos de ponerse de acuerdo sobre cómo llevar adelante la protesta. Federación Agraria es la entidad que está más decidida a confrontar. En este caso no es sólo por la presión que ejerce Alfredo De Angeli desde Entre Ríos. La decisión oficial de quitarles el manejo de las cartas de porte puso en riesgo el financiamiento de la organización y terminó de crispar el ánimo de los federados, quienes operaron a través de medios de comunicación afines, en nombre de “el campo”, para acelerar los tiempos del conflicto. Argumentan que “las bases” los presionan y que les queda muy poco margen para evitar la escalada.

Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también quiere echar leña al fuego. Algunos de sus afiliados, como Analía Quiroga, aparecieron en las últimas semanas muy cerca del Gobierno, beneficiándose con el reparto de maíz que llevó adelante el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, y forzaron a la conducción de la entidad a sobreactuar su malestar para no quedar vinculados con ese reparto y sacar ventaja en la interna política de la organización. Por eso fueron los primeros en proponer la vuelta al lockout la semana pasada.

Sin embargo, otras entidades se muestran más cautelosas. “La protesta es necesaria para expresar el malestar del sector, pero no sirve para modificar la realidad. Para ello hay que aumentar la participación política de cara a las próximas elecciones”, señalaron a Página/12 desde la Sociedad Rural. En CRA también hay dirigentes que juegan sus fichas en el armado político opositor que se está gestando para las legislativas de octubre. Van a avalar la vuelta al lockout, pero no quieren que la protesta se desmadre y están dispuestos a negociar. Lo que piden es que el Gobierno, más allá de la declaración de la Emergencia Agropecuaria que pospuso el pago de impuestos, desembolse dinero rápido al menos para la lechería y la ganadería.

La situación de los tamberos es complicada. A fines de octubre, Guillermo Moreno impulsó la firma de un acuerdo lácteo a través del cual les quitó la compensación de 10 centavos por litro de leche fluida. A cambio, la industria se comprometió a aumentar de 0,945 a un peso el monto que pagaba por litro. Sin embargo, las usinas nunca cumplieron. Actualmente, pagan cerca de 77 centavos. Esto hizo que la semana pasada hasta los tamberos de Córdoba y Santa Fe, que inicialmente habían apoyado el acuerdo, fueran a solicitarle ayuda a Moreno, quien terminó tildándolos de “tibios” y les dijo que se arreglaran con la Secretaría de Agricultura.

En el caso de la carne, lo que reclaman los productores son subsidios para forrajes porque los rollos continúan subiendo de precio, están a más de 200 pesos, debido a la falta de pasto y se están viendo forzados a rematar los animales antes de que se mueran por la sequía. Esta situación favorece a los feedlots los cuales están comprando hacienda barata al mismo tiempo que siguen recibiendo los subsidios oficiales.

También está latente el conflicto por la soja, pero en ese caso es difícil que las partes se pongan de acuerdo. Los productores están vendiendo en cuentagotas mientras presionan por una baja en las retenciones, pero el Gobierno no está dispuesto a ceder recaudación en el actual contexto internacional.

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