El comienzo del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Formosa, previsto para el martes próximo, se postergará “entre 10 y 20 días”, según informaron ayer fuentes del Tribunal Oral Federal local. Si bien fue imposible obtener una explicación oficial, los motivos de la demora se relacionan con las dificultades para obtener una sala acorde y también para instalar una red de intranet que le permita al imputado, general de brigada retirado Juan Carlos Colombo, seguir las audiencias por teleconferencia. “El paso del tiempo nos va a dar una solución biológica. Los imputados se van a morir antes de ser juzgados”, lamentó ayer William Caravallo, uno de los abogados querellantes. El ex gobernador de facto tiene 84 años, goza de arresto domiciliario, pero por problemas de salud está internado en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

La reapertura de las causas de lesa humanidad en Formosa derivó en infinidad de problemas. Tras la excusación del juez federal Marcos Bruno Quinteros, por su amistad con dos ex integrantes del Tribunal Superior de Justicia imputados en la causa, se excusaron o fueron recusados 37 abogados que integraban la lista de conjueces. En marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el propio Quinteros instruyera la causa. Formosa también trascendió por la cantidad de prófugos radicados en Paraguay, por las liberaciones en masa que concedió la Cámara Nacional de Casación Penal y por la original “excarcelación bajo caución institucional” que la camarista Angela Ledesma encomendó nada menos que al Ejército, con el argumento de que por su capacidad de mando era la institución ideal para garantizar que se presenten ante la Justicia.

Fue en ese contexto que desde el expediente principal, que lleva el nombre del abogado paraguayo desaparecido Fausto Carrillo, se separó y avanzó en la instrucción de las imputaciones a Colombo, gobernador de facto entre 1976 y 1980. Colombo enviaba dinero por decreto al Regimiento de Infantería de Monte 29 para el mantenimiento de los secuestrados “hasta su destino final” y también ascendió a policías por sus “patrióticos servicios prestados” en la “lucha contra la subversión”. Fue detenido en septiembre de 2006 y está procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita responsable de al menos once privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados, más dos desapariciones forzadas. El 25 de septiembre de 2007 su caso se elevó a juicio y un año después se fijó la fecha de inicio del debate: 10 de febrero de 2008. En el medio surgieron los inconvenientes para conformar el Tribunal Oral Federal. Finalmente, se nombró presidente a Eduardo Ariel Belforte y se completó con dos jueces subrogantes chaqueños, que deberán viajar cada semana a Formosa para participar de las audiencias.

El problema edilicio también es de vieja data. En septiembre el TOF declaró la emergencia de infraestructura edilicia y de personal. Según el escrito, el tribunal funciona en el garaje de una casa, carece de un lugar mínimo para guardar expedientes en trámite, los debates que debieran ser secretos se realizan en voz baja para que no lleguen a oídos de las partes y no hay modo de aislar a los testigos para que no se escuchen entre sí.

La salud de Colombo es apenas el último problema. En noviembre el Cuerpo Médico Forense dictaminó que estaba en condiciones de defenderse, pero no de ser trasladado a Formosa, por el estrés que le generaría el viaje. En diciembre, según fuentes de la Justicia local, comenzaron los trámites para el sistema que le permita declarar y seguir el juicio por videoconferencia. Pero entre la licencia del presidente del tribunal y la feria judicial de enero, hasta el lunes los querellantes no tuvieron ni siquiera interlocutor para saber dónde declararán los testigos. Hasta ayer había dos alternativas: el Colegio de Escribanos o el juzgado federal. Cuando se elija una u otra sede habrá que trasladar la red de intranet que funciona en el TOF. Luego habrá que ver si Colombo aún respira.