Desde París

En medio de una nube de despidos, recesión, reclamos sindicales y una revuelta violenta que, desde hace un mes, paraliza la isla francesa de Guadalupe –uno de los tres territorios franceses de ultramar en las Antillas–, el presidente francés tuvo que sacar ayer la chequera para aliviar la presión sobre los sectores sociales más vulnerables a la crisis mundial. Durante una esperada reunión con los dirigentes de todos los sindicatos franceses y luego en un mensaje por radio y televisión, Nicolas Sarkozy puso sobre la mesa alrededor de 2650 millones de euros que alimentarán un fondo social cuyo fin es apaciguar el impacto de la crisis en las clases medias y populares. Sarkozy excluyó cualquier aumento “masivo” del salario mínimo y precisó que su único deber consistía “en apoyar a las clases medias”. El mandatario no cambió sin embargo ni un ápice de su hoy irrealizable programa con el que fue electo e insistió en su credo: “revalorizar el trabajo”.

Pero claro, trabajo hay cada vez menos. Los planes sociales de las empresas se suceden a un ritmo diario y un nuevo dato aparece hoy en las estadísticas: el desempleo parcial, es decir, las personas que no pierden el puesto de trabajo pero sí una parte importante del tiempo trabajado. Sarkozy aseguró que Francia saldrá más rápido y más fuerte que sus vecinos del túnel de la crisis si no se cometen “los errores del pasado” y se sigue apostando por “la inversión, la reforma y el trabajo”. El mandatario reconoció que “nadie sabe dónde llegará la crisis”. En el paquete de medidas figura el pago de una prima de 500 euros para los desempleados que hayan trabajado un mínimo de dos meses, la creación de un “fondo de inversión social” con 3000 millones de euros para coordinar las políticas en materia de empleo. Sarkozy adelantó la idea del gobierno de reformar el impuesto sobre la renta a favor de los sectores con menores ingresos y decidió multiplicar por dos el subsidio para las 900.000 familias con más de tres hijos. Varias de estas propuestas responden a las exigencias planteadas por los sindicatos. Sin embargo, como el presidente se negó a aceptar el principio de un aumento del salario mínimo, así como otros planteos propuestos por los líderes sindicales, éstos decidieron mantener en pie la huelga general para el próximo 19 de marzo.

El clima social francés es tenso. La crisis dejó de ser virtual y bancaria para tocar hoy el mundo real. En un país con una fuerte tendencia a las protestas sociales, el Ejecutivo quiere salir al paso de la amenaza de un nuevo tsunami social, semejante al que estalló en mayo del 1968 y en 1995, cuando una poderosa huelga terminó con un ambicioso plan de reformas. La situación es tanto más amenazante cuanto que el gobierno enfrenta también una huelga general en las Antillas francesas, concretamente en Guadalupe. La isla está paralizada desde hace un mes en demanda de medidas contra la carestía de la vida. No es una simple protesta sino un potente movimiento que ya degeneró en escenas de guerrilla urbana, con muchas personas heridas y un muerto. A Guadalupe se le sumó Martinica y el movimiento amenaza con extenderse a esa isla. Sarkozy dio ayer un paso en la dirección que querían los sindicatos, pero con ello no calmará la ansiedad. El Ejecutivo tiene un margen muy estrecho entre, por un lado, la presión social y, por el otro, la exigencia renovada por la Comisión Europea para que Francia regrese a márgenes razonables en su déficit presupuestario.