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Desde Santa Cruz

En la madrugada de ayer, decenas de agentes del gobierno nacional detuvieron a quince personas en el departamento de Pando, donde el año pasado fueron asesinadas 19 personas, en lo que se recuerda como la Masacre de Porvenir. Finalmente, fueron trasladadas a La Paz ocho personas para declarar ante los fiscales. Varios videos y denuncias los vinculan con las muertes de septiembre de 2008, cuando por el oriente boliviano pasó el “intento de golpe de Estado cívico-prefectural”, según el Ejecutivo. Mientras la oposición al presidente Evo Morales gritaba que sobre el país pesa una dictadura y Morales cortejaba a inversores en Moscú y París, los campesinos de Pando tuvieron algo de satisfacción. “Tienen que seguir las detenciones. Quienes mataron a nuestros seres queridos todavía nos cruzan por la calle y se nos ríen en la cara”, dijo a Página/12 la sobreviviente Nora Montero.

Su esposo era Bernardino Racua, secretario ejecutivo de la Subcentral Campesina de Conquista, en el municipio de Puerto Rico. Racua fue uno de los asesinados el 11 de septiembre por funcionarios de la prefectura pandina, según denuncias de las víctimas. “Ahorita los opositores están totalmente enojados. Querían hacer una marcha para repudiar las detenciones, pero no ha ido mucha gente”, contó Montero. El año pasado, luego de la matanza, el gobierno había declarado el estado de sitio en Pando por tres meses. En ese lapso, decenas de personas fueron detenidas porque habrían participado de la matanza de campesinos que marchaban para defender la presidencia de Morales y el proyecto de nueva Constitución, finalmente aprobada el 25 de enero pasado. Cuando parecía que ya estaban todos, los agentes gubernamentales entraron a las 3 AM para levantar a algunos que faltaban, cuyos rostros se ven en imágenes captadas de la matanza.

“Seguimos perseguidos. No puedo ir a mi casa porque de noche van a buscarme. Hace poco me dejaron un paquete con explosivos. Lo he denunciado, pero todo queda ahí. Nos sentimos mal y nos resentimos porque este gobierno no nos da seguridad. Muchos compañeros tuvieron que huir de sus comunidades porque los amenazan de muerte a ellos y a sus familias. No hay justicia”, opinó la campesina.

Los detenidos serían Edwin Ventura (alcalde de Porvenir), Vilma Banegas (concejal de Porvenir), Marcial Peña (periodista), Hugo Mopi Solíz (periodista, comunicador de la Prefectura de Pando durante la gestión de Leopoldo Fernández, también preso), Roberto Rea, Wilson Da Silva, Herman Justiniano y Adhemar Herrera.

Las detenciones ocurren cuando las relaciones entre el gobierno nacional y los departamentos opositores de la Media Luna siguen tan mal como casi siempre. Ayer, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, lideró un acto en defensa de los cinco terratenientes del Chaco cruceño cuyas haciendas (en total 36 mil hectáreas) pasarían a manos del Estado, ya que habrían cometido el delito de esclavizar a familias guaraníes.

A la vez, el gobierno intenta convencer a los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca (la Media Luna) para que negocien la aplicación de la nueva Constitución.

Ayer, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, pidió al gobierno que se decidiera en el trato que va a dar a la oposición. “Pongámonos de acuerdo en qué vamos a hacer, si dialogamos o confrontamos. El gobierno está en la obligación de tener una posición clara.”

Los detenidos aseguraron que recibieron malos tratos de las fuerzas del orden. Por eso, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, pidió la destitución del ministro de Gobierno, Alfredo Rada. “Mi única esperanza desde que mi esposo murió era que se aprobara la nueva Constitución para poder aplicarla –dijo Montero–. Nuestro sueño se está cumpliendo.”