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El gobierno de Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley de Reparación a las víctimas de la represión en Uruguay. La iniciativa fija indemnizaciones de hasta 40 mil dólares y reconoce el quebrantamiento institucional. Por sobre todo, el Estado uruguayo admite responsabilidades por el quiebre institucional en los años de la dictadura, a partir de 1973 hasta 1985, y en violaciones a los derechos humanos.

Con la firma del presidente Vázquez. el texto, de 24 artículos, reconoce “el quebrantamiento del estado de derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales de las personas”, en violación a los derechos humanos o a las normas del derecho internacional humanitario”.

La iniciativa admite además la responsabilidad del Estado en “prácticas ilegítimas” en años previos a la dictadura, desde el 13 de junio de 1968 y hasta el 26 de junio de 1973. La propuesta “inicia una etapa muy importante dentro de la restauración democrática del país en los delitos cometidos durante la dictadura”, aseveró Vázquez.

El canciller Gonzalo Fernández dijo, sobre las indemnizaciones, que se trata del “máximo esfuerzo que podemos hacer”, porque “el Estado uruguayo no puede hacerse cargo de un monto mayor en este momento”. Sobre el resarcimiento la iniciativa fija un único pago que oscila entre 20 y 40 mil dólares según el daño causado, atención médica en algunos casos y la colocación de placas alusivas en lugares donde hubo torturas y desapariciones.

Si la propuesta prospera, podrán acogerse entre otros los que hubieran permanecido más de seis meses detenidos por motivos políticos; niños nacidos en cuarteles, personas que hubieran sufrido lesiones muy graves, quienes se exiliaron, mientras familiares de las víctimas en segundo grado de consanguinidad y cónyuges también podrán solicitar amparo.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de ex Presos Políticos, Baldemar Tarocco, aseguró que “todos los ex presos no están incluidos, porque la parte indemnizatoria es sólo para asesinados y desaparecidos, nadie más”. Tarocco admitió que “es un avance que el Estado reconozca su responsabilidad”.

Desde la oposición de la derecha se cuestionó el proyecto porque repara a las víctimas de la dictadura y a aquellos que se vieron afectados por las medidas de seguridad previas al golpe de Estado, pero no a quienes fueron víctimas de la guerrilla, en los ’60 y comienzos de los ’70. No obstante las críticas, se presume que la norma, que será analizada en primera instancia en el Senado, será aprobada en general por los legisladores de la oposición.

Unas 200 personas desaparecieron durante la dictadura uruguaya, la mayoría en Argentina, en muchos casos trasladados a Uruguay en virtud del llamado Plan Cóndor, que coordinó la actividad represiva de los regímenes militares del Cono Sur en los años ’70 y ’80.