La llamada Ley de Seguridad e Inmigración obtuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados de Italia y, de lograr el visto bueno del Senado, donde el gobierno de derecha tiene mayoría, la inmigración ilegal será considerada oficialmente como un delito y se obligará a los empleados públicos a denunciar a los indocumentados. Para el presidente Giorgio Napolitano, la norma que promueve el gobierno de Silvio Berlusconi conduce al país hacia la intolerancia y la xenofobia.

La ley, aprobada con 297 votos a favor, 255 en contra y tres abstenciones, prevé, en primer lugar, cobrarles multas a los inmigrantes en situación irregular por sumas de entre 6840 y 13.670 dólares por el solo hecho de encontrarse en suelo italiano. Además, se aumenta el precio del trámite para obtener el permiso de residencia de 80 a 200 euros y, también, se extiende de tres a seis meses el plazo máximo en que los extranjeros pueden ser retenidos en los “campos de deportación”, donde el Estado los aloja antes de devolverlos a sus países de origen.

Pero eso no es todo. El nuevo proyecto del gobierno de Berlusconi habilita la formación de “rondas” o patrullas locales de civiles que se dedicarán a recorrer las calles de sus barrios como apoyo de las fuerzas de seguridad para denunciar antes éstas cualquier actitud o movimiento sospechoso de los ciudadanos.

Aunque el texto no estipula cárcel para los sin papeles, sí contempla marginarlos del resto de la sociedad: para los italianos que alquilen una vivienda o den trabajo a un inmigrante indocumentado habrá hasta tres años de cárcel. “Esta nueva ley pone en peligro derechos fundamentales de los extranjeros que ya no podrán ser escolarizados, ir al médico o casarse”, señaló ayer un comunicado del opositor Partido Democrático (PD).

A su turno, organizaciones de derechos humanos denunciaron que la nueva norma agravará mucho la atención sanitaria, ya que hará prácticamente imposible localizar a los más necesitados. “La nueva ley no permite el registro de los recién nacidos de padres indocumentados. Así, estos niños se volverán invisibles”, explicó la ONG Human Rights Watch.

Sin embargo, según Berlusconi, Italia necesitaba esta nueva legislación. “Una ley absolutamente necesaria”, apuntó. “Creo que tenemos que afrontar estas cuestiones con buen sentido, con mucha justicia, pero también con determinación”, agregó Il Cavaliere.

Tan necesaria la consideraron los diputados del derechista partido de gobierno El Pueblo de la Libertad que, para asegurarse de que la ley saliera y no hubiese defecciones en sus propias filas, sometieron la votación a una moción de confianza, lo que en un sistema parlamentario obliga a los legisladores a votar el proyecto o, de lo contrario, forzar la caída del Ejecutivo.

La gobernante coalición de derecha hizo de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus principales banderas desde el comienzo de su gestión, en abril de 2008, ya que, según argumentan, buena parte de la inseguridad estaría ligada a ésta.

La semana pasada, luego de firmar un convenio con Libia, Italia comenzó a aplicar la política de interceptar a las barcazas que transportan a los indocumentados a través del Mediterráneo para así devolverlos a las autoridades en Trípoli antes de que lleguen a penetrar en aguas italianas y tengan así el derecho a solicitar asilo. El mismo Vaticano declaró a través de un comunicado que ello violaba el derecho internacional. “Que pidan asilo desde Libia”, retrucó Il Cavaliere.

Según Luca Volonté, de la DC, la península, con esta legislación, está perdiendo los rasgos de una sociedad civilizada. “Italia está en camino de volver a la barbarie”, aseguró.

Mientras tanto, Roberto Maroni, ministro del Interior de la derechista y xenófoba Liga Norte, desestimó las críticas de la oposición. “Todo lo que dicen es puro cuento, una interpretación errónea del texto”, señaló.