Desde México, D. F.

El poder económico del narcotráfico mexicano es indiscutible: cada año se lavan decenas de miles de millones de dólares producto del principal corredor de droga hacia el mercado estadounidense, el país más viciado del mundo. Esto alcanza para que Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, sea uno de los hombres más ricos del mundo, según la última lista de Forbes, con una fortuna personal de 1000 millones de dólares. Y de ahí en más, porque el Chapo controla sólo uno de los siete carteles mexicanos que se disputan las mayores tajadas del negocio ilícito.

Pero el dinero no basta. Lo que se anhela es el poder. Es la narcopolítica. En realidad, es un círculo vicioso. Alcanzar el poder cuesta demasiado dinero. “Para llegar a la presidencia de la república hay que robar mucho”, me decía en 1988 un funcionario público, amigo cercano de Raúl Salinas de Gortari, cuyo hermano, Carlos, era entonces el candidato oficial.

Raúl Salinas pasó más de 10 años en la cárcel, acusado de enriquecimiento ilícito y del asesinato en 1994 de José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del PRI. Salió libre en 2005, pero apenas hace un mes, el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado aseguró que el hermano de su sucesor se había involucrado con narcotraficantes, además de hacer grandes negocios bajo el amparo del poder. Pocos días después, la Procuraduría General de la República tuvo que aclarar que ya no se seguía ninguna pesquisa en contra del hermano del ex presidente en relación con el narcotráfico, una investigación que se abrió en su contra en 1998.

No fue ninguna revelación. “Un político pobre es un pobre político”, decía hace más de tres décadas Carlos Hank González, legendaria cabeza de un grupo político que manejó los hilos del poder en el país durante décadas. Fue gobernador del Estado de México en los ’60, alcalde de la capital del país en los ’70 y secretario de Estado en varias ocasiones. Pese a los innumerables negocios que lo enriquecieron mediante el tráfico de influencias, no pudo ser presidente de México como anhelaba, a principios de los años ’80, porque la ley se lo impedía entonces por ser hijo de padre alemán. Para cuando esto cambió, en beneficio de Vicente Fox, en 2000, Hank González ya era demasiado viejo. Murió al año siguiente.

El menor de sus hijos, Jorge Hank Rohn, multimillonario ex alcalde de la conflictiva ciudad fronteriza de Tijuana por el PRI, ha sido acusado de lavado de dinero, de traficar con animales exóticos, de usar sus influencias para operar casas de apuestas, y hasta de estar implicado en las ejecuciones de periodistas. El 10 de enero, Estados Unidos le canceló su visa, por el cúmulo de datos sospechosos que lo envuelven, incluyendo investigaciones de la DEA y el FBI.

Los nexos de la clase política con el crimen organizado no son nuevos. Tristemente célebre es Arturo Durazo Moreno, aquel jefe de policía que entre 1976 y 1982, durante el sexenio del presidente José López Portillo, terminó de corromper a la Dirección Federal de Seguridad, la policía política mexicana de esa época.

En 1985, el asesinato de un agente de la DEA, Enrique Camarena, y de un piloto de avión, produjo una gran tensión entre México y Estados Unidos. La DEA detuvo y procesó en Los Angeles a Rubén Zuno Arce, cuñado del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, acusado de proporcionar la casa en Guadalajara donde fue secuestrado, torturado y asesinado el agente de la DEA.

Zuno Arce fue condenado a dos cadenas perpetuas más 20 años de prisión por esos cargos. Durante el juicio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos involucró al secretario de Gobernación, Manuel Bardett Díaz; al secretario de la Defensa Nacional, el general Juan José Arévalo Gardoqui y al procurador general de la República, Enrique Alvarez del Castillo. Testigos protegidos dijeron haberlos visto en la misma casa de Guadalajara donde había sido asesinado el agente de la DEA, negociando con los principales narcotraficantes de la época, hoy todos presos: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Angel Félix Gallardo, creadores en los años ’60 del cartel de Sinaloa que heredó El Chapo Guzmán, bajo el amparo de varios gobernadores.

De hecho, la relación entre el narco y la política en México se origina durante la Segunda Guerra Mundial. Las batallas en el frente oriental cortan el flujo de amapola y hachís que viene a Occidente de Turquía. Las drogas turcas son materia prima de la morfina, alivio insustituible de los hospitales de guerra. Para suplir la ruta turca, Estados Unidos llega a un acuerdo secreto con México: ampliar los sembradíos silvestres de amapola de la Sierra Madre occidental. La sierra sinaloense se llena de instructores no oficiales de los dos países que enseñan a los pueblos a sembrar amapola. La amapola cunde, la prosperidad llega a los pueblos perdidos de la sierra.

El término de la guerra pone fin también a ese acuerdo, pero queda la infraestructura. Financiada por Lucky Luciano, a través de Bugsy Siegel, el legendario inventor de Las Vegas. Para 1948, el negocio ya es de particulares, apoyados por gobernantes locales.

Más de seis décadas después, México vive un estado de guerra permanente que este año ha costado la vida de 2844 personas hasta el día de ayer. Los nexos del narcotráfico con la clase política quedaron fuera de control con el arribo a la presidencia de Vicente Fox, en 2000, que puso fin a los más de 70 años de hegemonía priísta.

Su incapacidad política generó vacíos aún mayores a los vistos a finales de los ’40. Los espacios fueron rápidamente ocupados por el crimen organizado, que hoy controla buena parte del territorio nacional, al extremo de que México es considerado un “Estado fallido” en algunos círculos de Inteligencia estadounidense.

Y no es sólo que el narco controle la vida de cientos de comunidades y se haya extendido en las principales capitales del país, sino que su ambición incluye el control total. Tienen las armas, tienen el dinero y son un poder fáctico. Quieren el poder político.

El financiamiento de campañas electorales ha sido su principal vía de acceso. El arresto de 10 alcaldes y 19 altos funcionarios públicos del gobierno del estado de Michoacán, a finales de mayo pasado, dejó ver no sólo el grado de penetración del narco en estructuras gubernamentales, sino también el uso político que el gobierno de Felipe Calderón le da a su guerra contra el crimen organizado, apoyado en el Ejército.

Las acusaciones en contra de gobernadores como el de Chihuahua y el de Sonora, por proteger a los carteles, es parte de las campañas electorales y del golpeteo cotidiano entre el PAN y el PRI. Un senador del PRD, Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas, tuvo que pedir licencia durante todo el mes pasado y parte de este para que se investigaran los supuestos nexos de su hermano con el narco.

A tres semanas de las elecciones legislativas en México, la preocupación de todos –al menos en la retórica– es que el narco penetre las estructuras electorales de todos los partidos políticos. No son comicios sencillos. Calderón se juega la posibilidad de gobernar los últimos tres años de su sexenio, pero necesita controlar el Congreso, donde la oposición es mayoría.

Además, el próximo 5 de julio se eligen gobernadores, alcaldes y diputados locales en Campeche, Colima, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. En el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Morelos se renovarán ayuntamientos y congresos locales. En el caso del Distrito Federal, las elecciones abarcan a la Asamblea Legislativa y a las 16 delegaciones políticas de la capital.

El proceso electoral se extenderá hasta el 18 de octubre en Tabasco y Coahuila; en la primera entidad se elegirán ayuntamientos y Congreso, mientras que en Coahuila cambiarán los alcaldes.

Y el narco tiene en la mira a los candidatos, como lo demostró una grabación filtrada el viernes pasado en la que se escucha al candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García, en Nuevo León, contar en una comida que el cartel de los hermanos Beltrán Leyva –uno de los más violentos que existen– radica en ese municipio, y que si existe paz ahí se debe a que los narcos han pactado no agredir a las familias que ahí radican a cambio de permitir que los Zetas controlen Monterrey, la capital del estado. Las zonas metropolitanas de ambos municipios están conectadas por un túnel.

El dato no es menor. San Pedro Garza García es el municipio más rico del país, con el PIB nacional más alto. El candidato Mauricio Fernández Garza no es un improvisado ni en la política ni en los negocios: es uno de los empresarios más exitosos del país. En la grabación, dice que los narcos se acercan a todos los candidatos de todos los partidos para financiar sus campañas, a cambio de operar con libertad, “y el que diga que no es cierto está mintiendo”.