Después del último cachetazo que recibió la OEA en Honduras, el gobierno norteamericano se está quedando sin excusas para no apretar más las tuercas y ahogar, financiera y políticamente, a los golpistas. “Estamos evaluando nuestras opciones a partir de las actividades de esta semana y haremos anuncios en breve”, informó ayer por la mañana uno de los voceros del Departamento de Estado, Philip Crowley. No quiso adelantar cuáles son las opciones que están sobre la mesa, pero The Washington Post publicó horas después que el equipo legal del Departamento de Estado le había aconsejado a Hillary Clinton que denunciara formalmente el golpe de Estado hondureño. “Si lo hace, Estados Unidos tendrá mucha más libertad para empezar a aplicar sanciones más duras”, explicó a este diario el embajador hondureño en Washington, Enrique Reina.

La decisión de Clinton podría coincidir con la llegada del presidente derrocado Manuel Zelaya a Washington el próximo martes. El mandatario tiene planeado reunirse con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y discutir cómo seguir después del plazo que ambos se autoimpusieron, el próximo 1º de septiembre. Ese día arranca la campaña electoral en Honduras y para Zelaya ése será un punto de no retorno. “Dos meses de diálogo y negociación es tiempo suficiente. La intransigencia del régimen de facto ha superado todo lo imaginable. Parece que el gobierno norteamericano estuviera negociando con la potencia más grande del mundo, no con un país pequeño y pobre de Centroamérica”, aseguró el embajador Reina.

Aunque en Washington todos miden sus palabras, el hartazgo de los demócratas y del gobierno empieza a hacerse evidente, especialmente después de la manera en que la dictadura hondureña desairó a la misión de la OEA y rechazó, otra vez, el Plan de San José, el acuerdo propuesto hace cerca de un mes por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. El martes a la mañana, cuando ya era evidente que la misión de los cancilleres de la OEA se encaminaba al fracaso, Washington anunció que suspendía todas las emisiones de visas para no inmigrantes y casos no urgentes.

Un día después un vocero del Departamento de Estado responsabilizaba solamente al presidente de facto, Roberto Micheletti, por la falta de diálogo y 24 horas después John Kerry, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y ex candidato presidencial demócrata, emitió un comunicado contra el dictador. “El señor Micheletti escogió la crisis sobre la solución al conflicto y mantuvo su desafío a los Estados Unidos, a pesar de la aplicación de sanciones contra un país en que la mitad de la población vive en la pobreza. Es preocupante”, escribió el senador demócrata a días de que termine el receso de verano del Congreso norteamericano.

La molestia es clara, pero no así las reacciones que provocará. Radio Globo, uno de los pocos medios hondureños que simpatiza con la resistencia popular, informó ayer que el gobierno norteamericano está analizando congelar las cuentas de las principales figuras del régimen de facto, entre ellos Micheletti, quien según los zelayistas tendría depositado más de siete cifras en un banco de Texas. Zelaya ya le envió una lista de los golpistas que tendrían su dinero protegido por el sistema bancario norteamericano y, según estimó Reina, en total, entre individuos y empresas, serían varios cientos de millones de dólares.

Y ésa es sólo una de las sanciones que Washington estaría barajando. El Departamento de Estado aún puede suspender las visas de los funcionarios del gobierno de facto, los empresarios que apoyaron y financiaron el golpe y los dueños de los medios de comunicación que garantizan la censura. Además, si declara formalmente que a Zelaya lo derrocó un golpe de Estado militar, el gobierno norteamericano deberá, inmediatamente, suspender los 139 millones de dólares que aún no entregó de la Cuenta del Milenio, un fondo destinado a planes sociales e infraestructura en los países más pobres.

El último recurso sería romper relaciones, cerrar su embajada en Tegucigalpa y traerse de vuelta al embajador Hugo Llorens. Eso significará que la solución pacífica está sepultada. Por ahora, la OEA, Washington y los propios zelayistas intentan evitar a toda costa ese desenlace.