Falta la reelección presidencial y sobra el ballottage. Esos son los ejes centrales de una reforma electoral que impulsa el vicepresidente de Uruguay y senador electo, Rodolfo Nin Novoa, para la próxima legislatura. Pero con reparos: la reelección se podría implementar para el 2019, es decir, que no le permitiría esa posibilidad al presidente electo José “Pepe” Mujica, que asume el 1º de marzo.

Uruguay es uno de los pocos países del continente que en su Carta Magna no contempla la reelección. “No me parece para nada malo que exista una reelección presidencial. Funcionaría muy bien por una sola vez, como ocurre en Brasil o Argentina”, señaló Nin Novoa. El impulsor de la iniciativa explicó que en el caso de concretarse debería regir no para las próximas elecciones sino para las siguientes, “de manera tal que nadie sospeche que se propicia para perpetuar en el poder a alguien con nombre y apellido o a determinado partido político”. El Frente Amplio (FA) mantendrá la mayoría parlamentaria.

Hace algo más de un año, dirigentes del oficialismo y grupos de figuras independientes comenzaron solapadamente el camino de convencer al presidente Tabaré Vázquez de que aceptara permanecer un segundo e inmediato período de gobierno. La Constitución establece que todas las reformas deben ser ratificadas por plebiscito, y si no se obtienen los dos tercios en el Parlamento, la consulta debe hacerse en simultáneo con los comicios presidenciales. La reforma no prosperó en cierta forma porque debía plebiscitarse junto a las elecciones generales, en parte porque existían discrepancias al interior de la coalición de centroizquierda.

Nin Novoa pertenece a Alianza Progresista, que integra el bloque Frente Liber Seregni dentro del FA. El senador reelecto Carlos Baráibar, de Asamblea Uruguay (Líber Seregni), manifestó sus dudas a Página/12 sobre la concreción de este eje de la propuesta. “El Frente Amplio no tiene una posición tomada sobre la reelección y yo personalmente estoy en contra, porque el presidente no tiene que gobernar y hacer campaña, eso va en contra de las mejores tradiciones uruguayas.”

Un dato a favor que publicó ayer el diario La República es que muchos de los dirigentes que impulsaron la reelección de Vázquez estarán en el gobierno de José Mujica.

A nivel de la oposición, algunos de los hoy electos legisladores, como el ex intendente Carmelo Vidalín o el senador Francisco Gallinal, ambos del Partido Nacional (o Blanco), se habían manifestado proclives a la reelección presidencial. Siempre con ese agregado de “despersonalizar” el mandato, tanto de nombre y apellido como de bandera partidaria.

Para llevar a cabo la reforma existen, por lo menos, cinco caminos constitucionales para enmendar la Constitución y facultar la reelección presidencial. Para Nin Novoa la vía más expedita “sería con el pronunciamiento de los dos tercios de los integrantes de la Asamblea General Legislativa”. Con ese instrumento, la reforma se aprobaría en una fecha que la misma máxima instancia parlamentaria determine y se evitaría que el trámite coincida con las elecciones generales.

El otro eje de la reforma política apunta a la eliminación del ballottage en caso de que se obtenga la mayoría parlamentaria. El actual sistema electoral uruguayo prevé una segunda vuelta de los comicios presidenciales cuando ninguno de los candidatos supera el 50 por ciento de los sufragios emitidos en primera vuelta. “Tenemos que ahorrarnos la segunda vuelta por la sencilla razón de que quien no obtenga la mayoría parlamentaria y eventualmente gane en el ballottage es imposible que pueda gobernar. No podría, o se volvería muy traumático, que un presidente sin mayorías legislativas designe a directores de entes autónomos”, dijo Nin Novoa. El vicepresidente destacó que con el mismo objetivo “o espíritu que tuvieron los que propiciaron la reforma que implantó el actual sistema electoral, nosotros entendemos que se debería garantizar el funcionamiento de un gobierno; eso ocurre siempre y cuando se tenga mayoría en el Parlamento”.

Para Baráibar, hay consenso. “El Frente Amplio ha tenido una posición histórica contraria a la segunda vuelta; ésta quedó instaurada con la reforma constitucional del 1996, que apoyaron colorados y blancos.”

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