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Un fallo a favor de la restitución de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia causó una crisis inter poderes en el ámbito político paraguayo. El dictamen, emitido por una sala penal de la Corte, favorece a dos ex miembros de la Corte Suprema destituidos por juicio político en el 2003 por “mal desempeño”. Ese fallo fue considerado un golpe institucional contra el Congreso, que lo desconoció y amenazó con juicio político a todos quienes lo aceptaran. Entretanto, el Ejecutivo paraguayo anunció que impulsará el procesamiento de los magistrados que adoptaron esa medida.

En un nuevo fallo, una sala penal de la Corte decidió desconocer la destitución del 2003 de los ex ministros Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, ordenando la reposición de los mismos, según informa la resolución del 30 de diciembre de 2009. Los tres miembros del Tribunal de Cuentas encargados de dar el dictamen –Francisco Recalde, Pedro Almada y Meneleo Insfrán– fueron nombrados para integrar la Sala Constitucional de la Corte por la inhibición de los titulares, lo que generó una crisis de magnitud. Ayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay suspendió a los tres jueces. Sin embargo, esa decisión no significa una marcha atrás en el fallo.

El sábado, luego de que se diera a conocer la resolución, el Congreso se reunió en forma extraordinaria en plenario de las dos cámaras. Allí dejó bien clara su postura a los ministros: si aceptan el fallo se exponen al juicio político, medida para la que, además, cuentan con los números suficientes. Miguel Carrizosa, titular del Legislativo, anunció también que no habrá presentaciones judiciales de ningún tipo para “no seguir el juego a los que buscan el desorden institucional”. Indicó, asimismo, que los asesores del Parlamento recomendaron no llevar el caso al plano judicial, porque de esa manera “se estaría reconociendo lo resuelto por la Sala Constitucional”. Todos los pasos a dar serán “sólo en el plano político-constitucional. Es por esto que el Congreso advierte que si no se anula la resolución serán llevados a juicio político. Así de simple”, advirtió Carrizosa.

El Ejecutivo, entretanto, se despegó de la decisión de los jueces y resolvió pedir el procesamiento de los magistrados encargados de cambiar el fallo del 2003. “Estamos buscando la mejor opción para anular la decisión”, explicó el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, al anunciar la decisión del Ejecutivo de recurrir el dictamen.

La Corte puede agravar hoy la crisis, cuando se reúna en plenario, para decidir si avala o rechaza el fallo de la Sala Constitucional. El cuerpo tiene en sus manos la chance de una salida al fallo judicial, pero a su vez enfrenta una encrucijada: está bajo la presión del Congreso, que lo amenaza con un juicio político, y ante el dilema de tener que desautorizar una decisión judicial.