Arruda fue filmado aceptando grandes sumas y poniéndose los billetes en la ropa interior.
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El gobernador de Brasilia pasará Carnaval tras las rejas. José Roberto Arruda recibió ayer dos malas noticias después de su primera noche de detención por cargos de corrupción. Primero le comunicaron que la Justicia no aceptó su hábeas corpus y, por ende, tendrá que seguir preso al menos hasta el próximo jueves, cuando termina el feriado por Carnaval, una fecha casi sagrada en Brasil. Segundo, escuchó de boca del propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva que el gobierno nacional se está preparando para una eventual intervención de su Distrito Federal. “Si la Justicia federal decide que haya intervención, va a haber. El gobierno nacional no tendrá dudas en colocar a alguien para gobernar el Distrito Federal”, advirtió Lula durante una entrevista.

La situación legal y política de Arruda es mucho más complicada de lo que se animaban a aventurar los analistas y periodistas brasileños el jueves. Después de su detención por el presunto cobro de coimas de empresarios y la tentativa de soborno a un periodista para tapar el escándalo, muchos estimaban que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) a cargo del caso, Marco Aurelio de Mello, un reconocido magistrado conservador, iba a fallar a favor del hábeas corpus presentado por los abogados del gobernador de Brasilia. Sin embargo, De Mello fue contundente en su decisión y ahora Arruda tendrá que esperar hasta el próximo jueves, cuando el plenario del STF se vuelva a reunir para tomar la decisión final sobre su libertad.

La intervención del Distrito Federal tomará más días. El vocero del presidente del STF adelantó ayer que la corte recién analizará el caso una vez que tenga en sus manos la defensa completa del gobierno de Brasilia, dirigido desde el jueves por el vicepresidente Paulo Octavio, otro de los sospechados por el escándalo de corrupción. Según la ley, la defensa tiene cinco días hábiles para entregar su informe, es decir, hasta dentro de dos miércoles, ya que el tribunal comienza a sesionar los martes, no los lunes.

Ayer Lula no quiso adelantarse a los hechos y pidió esperar la decisión de la Justicia. Sin embargo, dejó muy en clara su posición frente al caso de Arruda. “Debe ser un ejemplo. Necesitamos ser más duros con la corrupción, con el corrupto y con el corruptor”, sentenció el mandatario. Junto con el gobernador quedaron detenidos preventivamente el ex diputado de Demócratas (DEM) Geraldo Naves, uno de sus asesores, Antonio Benito da Silva, su ex secretario de Comunicación Wellington Moraes, su sobrino Rodrigo Arantes y el director de la empresa estadual de energía, Haroaldo Brasil de Carvalho.

Los últimos tres fueron trasladados ayer a la cárcel común de Papuda. Arruda, en cambio, sigue en una celda VIP de 20 metros cuadrados en la Superintendencia de la Policía Federal de la capital. “Está triste, pero bien. Dice que confía en Dios y en que se haga justicia”, relató el jefe de la Casa Militar del gobierno de Brasilia, el coronel Iván Gonçalves da Rocha, después de visitarlo. Afuera de la Superintendencia, una caravana de autos de opositores daban vueltas a la manzana tocando bocina y pidiendo a gritos que el gobernador acompañe a sus colegas en la prisión de Parpuda.

En los próximos cinco días de Carnaval la situación se relajará, pero una vez que el feriado largo termine, Arruda, sus abogados y sus aliados políticos tendrán que actuar rápido para salvar el pellejo. El próximo no sólo recibirán la respuesta final del tribunal máximo sobre el hábeas corpus, sino que sus aliados tendrán que frenar en el Congreso estadual tres pedidos de juicio político contra Arruda y otros cuatro contra su reemplazo, el vicegobernador Octavio.

La oposición, la Orden de Abogados del Distrito Federal y la Central Unica de Trabajadores aprovecharon la debilidad de Arruda para ir también por sus colegas que quedaron en el gobierno, la mayoría también sospechados de recibir sobornos de empresarios amigos. “Nada justifica la posición del vice Paulo Octavio. Es público y notorio que él estaba envuelto en el escándalo y no reúne las condiciones jurídicas y políticas para suceder al gobernador”, denunció el presidente de la organización de abogados, Francisco Caputo.

El DEM, partido al que pertenecía Arruda hasta hace un mes cuando tuvo que renunciar acosado por las denuncias, mantiene aún la mayoría en el Congreso de Brasilia. Sin embargo, algunos diputados del Partido de los Trabajadores (PT) y del resto de la oposición creen que las pruebas son demasiado contundentes como para que sigan defendiendo a Arruda y a sus compañeros. La policía federal tiene videos y grabaciones telefónicas del gobernador y varios de sus funcionarios aceptando grandes fajos de dinero de empresarios y poniéndoselos en la ropa interior.

Además, el DEM no puede permitirse hundirse más en las encuestas en un año electoral. En octubre próximo todo el país deberá votar presidente y vice, gobernadores, senadores y diputados, y esa fuerza conservadora y con fuertes vínculos con la última dictadura militar era una de las principales aliadas del candidato presidencial opositor, José Serra. El año pasado, inclusive, DEM intentó impulsar el nombre de Arruda, el último gobernador que les quedaba, para acompañar la boleta presidencial de Serra. Hoy los principales analistas del país coinciden en que después de meses de denuncias en Brasilia, DEM perdió sus posibilidades electorales para octubre.