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Más de tres meses después de asumir, el presidente hondureño, Porfirio Lobo, puso en posesión de sus cargos a los miembros de la Comisión de la Verdad, una promesa que le había hecho a Estados Unidos, Europa y la OEA. La comisión había surgido como un requisito del acuerdo firmado con el ex presidente derrocado Manuel Zelaya en octubre pasado. Sin embargo, cuando la dictadura no cumplió con su parte del trato –entregar el poder y restablecer la democracia–, Zelaya, su gente y la Resistencia desconocieron todas las negociaciones, incluida la Comisión de la Verdad. Por eso, entre las cinco personas que asumieron ayer la tarea de investigar los crímenes previos y posteriores al golpe de Estado del 28 de junio pasado no hay ningún miembro del gobierno depuesto o de sus simpatizantes.

Ayer, Lobo tomó el micrófono lleno de entusiasmo y con la sonrisa que lo caracteriza. Estaba acompañado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado norteamericano, Craig Kelly, y el secretario de Cooperación Iberoamericana de España, Juan Pablo de la Iglesia. “Tendremos que vernos frente a frente con nuestra propia verdad, por dura que ésta sea”, advirtió el presidente, electo en unos comicios realizados bajo dictadura, sin garantías básicas, como libertad de expresión y de reunión.

La dura verdad de la que habló ayer Lobo es el eje de la comisión: investigar y detallar los acontecimientos que desembocaron en el golpe contra Zelaya y los crímenes que se cometieron después. Ayer, el coordinador de la comisión, el ex vicepresidente y canciller guatemalteco Eduardo Stein, prometió que no dejarán afuera a ningún grupo político o social. “No pensamos excluir a nadie, queremos escuchar todas las voces”, adelantó. Sus compañeros en esa dura tarea serán el diplomático canadiense y ex embajador ante Estados Unidos Michael Kergin y la jurista peruana María Amadilla Zavala Valladares. Los otros dos miembros son personalidades locales, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y el ex rector Jorge Omar Casco.

“No es función de la comisión establecer consecuencias de tipo judicial, nuestro trabajo es esclarecer los hechos en torno de la conflictividad y por supuesto entregar al pueblo hondureño elementos para que esto no se repita”, explicó Stein. La primera plana del nuevo gobierno hondureño escuchaba y sonreía, satisfecha. Saben que su futuro no peligra, el Congreso –elegido en las mismas elecciones ilegítimas que Lobo– les garantizó una inmunidad el mismo día de la asunción presidencial, el 27 de enero pasado.