Desde Medellín

Faltan tres días para definir el nuevo presidente de Colombia y la oposición cuestiona las garantías de transparencia en las votaciones. Los dos candidatos, Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, se enfrentan previamente en debates televisados, mientras los ex candidatos y sus partidos protagonizan escándalos de temporada electoral. Ayer se confirmó la denuncia del opositor Gustavo Petro acerca de la participación de Santos, oficialista y favorito para reemplazar a Alvaro Uribe, en la junta directiva de la empresa que imprime, transporta y vigila los votos. La transparencia del organismo que ejecuta las presidenciales quedó en duda, pero a estas alturas parece que ni el millonario contrato ni los comicios del domingo tienen vuelta.

Esa organización, la Registraduría Nacional del Estado Civil, contrató a un consorcio temporal por unos 45 millones de dólares para producir los tarjetones electorales, llevarlos en blanco a los puestos de votación en todo el país y recogerlos marcados tras la votación del ciudadano. Su función también es imprimir y distribuir los formatos donde se registra la sumatoria de votos, así como el censo electoral por mesa, los certificados de votación, las bolsas para los votos no marcados y los listados de firmas de votantes. Es decir, tienen el control de casi todo el proceso manual de las elecciones, que en Colombia es todavía artesanal.

“Aquí hay un acto muy oscuro de la Registraduría (...) No es transparente con el proceso electoral que las empresas que hacen este tipo de labor tan delicada hayan tenido durante tantos años y muy recientemente como parte de su junta directiva precisamente al candidato a la presidencia”, dijo en rueda de prensa Gustavo Petro, ex candidato del Polo Democrático Alternativo, quien obtuvo un millón y medio de votos en la primera ronda de votaciones. Según los documentos revelados por el ex senador, Santos aceptó el nombramiento en la junta de Thomas Greg & Sons Limited en el año 2002. Esta firma, junto con Thomas Greg & Sons, Thomas Greg & Sons de Colombia, y Thomas Greg Express realizaron una unión temporal para contratar la millonaria suma con la Registraduría y obtener el control del proceso electoral. La nueva empresa se llama Distribución Procesos Electorales 2010 (Disproel) y algunos de sus dueños, según Petro, pertenecen a la familia Bautista, “que ha trabajado en la dirección de la campaña de Santos Presidente”, como dice su comunicado de prensa que además trae los documentos escaneados que soportan la denuncia.

Entre ellos aparece la carta firmada por Santos en septiembre de 2002 y la aceptación de su nombramiento, como prueba de que el candidato oficialista sí fue parte de los directivos de Thomas. “Al aceptar esta honrosa designación quiero agradecerles sobremanera su deferencia y estaré listo a participar en la próxima reunión del 18 de septiembre”, escribe el economista que, según las encuestas, obtendrá el 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta contra 20 por ciento del independiente Mockus.

Santos estuvo en la junta de Thomas hasta el año 2006, “un mes antes de que fuera ministro de Defensa”, explicó Petro. El líder de la oposición le pidió a la Registraduría que aclare si en las votaciones del 20 de junio “hay garantías teniendo a cargo de la logística en el proceso electoral a empresas afines a Juan Manuel Santos”. Al respecto, ni el organismo oficial ni la campaña del ex ministro ofrecen una explicación. “Es una denuncia totalmente infundada, entonces no hicimos ningún tipo de pronunciamiento”, le dijo a Página/12 Adriana Villegas, directora de comunicaciones de la Registraduría.

Entre las funciones de Disproel también está la “recolección de la copia del formulario E14 en cada uno de los puestos de votación del país”. Este formulario, según denuncias que empezaron a circular en la red social Facebook, fue alterado para favorecer a Santos en varias ocasiones. En uno de los casos, Santos apareció con cero voto en el formulario manual, y tras ser recogido por Disproel y sistematizado, el candidato del Partido Verde salió con 88 votos. Esto ocurrió en la mesa 19 del puesto Modelia Sur de Bogotá. Sin embargo, el gobierno y los santistas continúan en silencio. La Misión de Observación Electoral de la OEA informó que no tiene prueba de fraude en las elecciones del 30 de mayo.