Un ex director del hospital Santojanni irá a juicio oral y público por la muerte, en 2008, de un bebé nonato a cuya madre no se le pudo hacer cesárea porque no había anestesista: “La ausencia de anestesistas en el hospital público impidió completar el equipo quirúrgico, lo que agudizó el cuadro de la paciente y provocó la muerte del niño”, señala el fallo. El procesamiento alcanzará también al jefe de urgencias y a la jefa de anestesia del Santojanni y podría extenderse a funcionarios del Gobierno de la Ciudad. La falta de anestesistas es generalizada en los hospitales porteños, según admitió la Asociación de Médicos Municipales. Ya hace dos años, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad había denunciado a la asociación de anestesiólogos por “resistirse a la capacitación de nuevos profesionales”.

La Cámara Nacional en lo Criminal –integrada por Carlos González, Alberto Seijas y Marcelo Lucini– confirmó el procesamiento por homicidio culposo de Alberto Motta –ex director del Hospital Santojanni–, Héctor Di Salvo –jefe del servicio de urgencias de esa institución– y Marta Baldrich –jefa de la división anestesia– a raíz de la muerte, por asfixia intrauterina, de un bebé a punto de nacer. La parturienta se hallaba internada en el Santojanni desde el 8 de febrero de 2008, con siete meses de embarazo, luego de haber sufrido la rotura de bolsa. El 10 de febrero, a las cinco de la mañana, se diagnosticó la necesidad de una operación cesárea urgente. Fue trasladada a la sala de partos, pero no había anestesistas. Un profesional del hospital Tornú fue llevado en una ambulancia del SAME, pero llegó más de una hora después de la muerte fetal por “anoxia o hipoxia fetal intrauterina”.

Los camaristas determinaron que “la ausencia de anestesistas en el hospital público impidió completar el equipo quirúrgico, lo que agudizó el cuadro de la paciente, provocando la muerte del niño”; así lo habían indicado los peritajes efectuados por el Cuerpo Médico Forense. El procesamiento había sido dispuesto por el juez de instrucción Luis Rodríguez, a solicitud del fiscal Sandro Abraldes. La Sala IV ratificó también embargos superiores a 200 mil pesos sobre los bienes de cada uno de los médicos, que irán a juicio oral y público.

“Es obligación directa del director contar con una guardia mínima de tres anestesistas. Si no pudiera cumplimentarlo, debiera abstenerse de desempeñar el cargo –señaló una fuente de la investigación–; es comparable a un conductor de colectivo al que se le planteara conducir sin frenos. Por lo demás, los imputados podrían haber hecho la denuncia penal o haber presentado un amparo para que se proveyera anestesistas.”

La fuente agregó que “es posible que funcionarios del Gobierno de la Ciudad hayan estado a su vez en falta, y es previsible que la fiscalía procure llevarlos al mismo juicio oral y público”.

Por su parte, Jorge Gilardi, titular de la Asociación de Médicos Municipales, destacó que “ni el director del hospital ni los otros médicos son encargados de nombrar profesionales” y sostuvo que “desde hace años venimos reclamando por la falta de anestesistas en hospitales públicos”.

Ya hace dos años, Alicia Pierini, defensora del Pueblo de la Ciudad, había denunciado a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires por “atentar contra el derecho a la salud de los porteños”, al “resistirse a la capacitación de nuevos profesionales”.