Desde Tucumán

Los documentos en dos biblioratos que entregó el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente a la Justicia tucumana contienen información clave para el proceso de la megacausa “Jefatura de Policía”, que tiene como principal responsable al genocida Luciano Benjamín Menéndez, ya que el represor Antonio Domingo Bussi fue excluido por problemas de salud. Los papeles no son sólo los nombres, apellidos y destino de 293 personas que pasaron por el centro clandestino tucumano (195 desaparecidas), sino que también hay memos en donde se detallan seguimientos a militantes y nombres de agentes del Departamento de Inteligencia.

En las dos carpetas aportadas por Clemente, a las que Página/12 tuvo acceso, hay una “nómina de subversivos que se encuentran en la clandestinidad y cuya captura se hace necesaria” y fotos “carnet” de personas que luego serían detenidas en el centro de tortura que funcionó en Barrio Norte de San Miguel de Tucumán durante el terrorismo de Estado. En las carpetas que Clemente –que fue militante, secuestrado y luego colaborador de la policía– dijo haber rescatado del fuego hay un listado de “cadáveres identificados entre 1975 a 1978” en donde se detalla el lugar en donde fallecieron, “Centro de Salud, Hospital Padilla, Seccional 11, Unidad Regional Capital, Río Seco, Río Colorado, Yerba Buena, Hospital Militar, Cementerio Norte”, entre otros. También se adjunta “el acta de reconocimiento” que se les hacía a los cuerpos. “Se practica el reconocimiento correspondiente del cadáver que identificado resultó pertenecer a Margarita Susana Azize Weiss que el día 12 del actual (1976) fuera abatida por fuerzas conjuntas de seguridad en un enfrentamiento llevado a cabo en su domicilio”, dice parte del escrito.

Se destacan los informes “de zona”, con las conclusiones de los agentes de inteligencia que realizaban seguimientos de militantes de las diversas organizaciones. “El lunes 30/08/76, inesperadamente llegó a la casa de la señora Gutiérrez una pareja, él de cabellos largos, anteojos oscuros y campera negra. Iba con una mujer... ésta es quien da todos los informes...” resalta el escrito. Se encuentran entre los papeles presentados notas que recibía el finado Mario Albino Zimmerman, cuando cumplía la función de jefe de la policía, en donde se le pedía autorización para que se realicen “averiguaciones de actividades subversivas”.

El material que fue incorporado como prueba dentro de la megacausa “Jefatura de Policía” en Tucumán tiene una relevancia que llevó a los magistrados a citar nuevamente a Clemente el próximo martes para que dé más detalles de los escritos. Si bien son claros y esquemáticos los procesos represivos y la manera en que se comunicaba cada acción, lo que pretende el tribunal es determinar el funcionamiento que tenía ese centro clandestino de detención.

Hugo Lindor Barrionuevo, alias “El Cabo Savino”, declaró ayer en Tucumán por el Sistema de Teleconferencias. Relató que llegó a Tucumán en los años ’70, enviado por el entonces presidente Juan Domingo Perón. “El coronel (José Fossa) me llamó porque el General (Perón) necesitaba un hombre de confianza para meter en la UNT (Universidad Nacional de Tucumán)”, dijo en su testimonio. Dijo que, como venía de “dirigir” un canal televisivo en Paraguay, lo enviaron como “jefe de seguridad” de Canal 10, de la universidad. “Mi desempeño profesional dentro de la Universidad estaba relacionado en armar la estructura administrativa del servicio de seguridad”, aseguró al tratar de justificar su rol.

Dentro de esa misión, señaló que era miembro de la Oficina de Seguridad de la UNT, que estaba a cargo de un teniente primero de apellido Medina. “Cuando algún organismo necesitaba saber algo de la Universidad, iban y averiguaban ahí”, precisó. Sin embargo, dijo no conocer lo que pasaba con los movimientos estudiantiles y sociales que eran perseguidos por los militares, tampoco con los detenidos en los centros clandestinos.

“Había una sección que se llamaba Comunidad Informativa que concentraba toda la información de todo lo que se hacía. Los servicios de seguridad intercambiaban noticias en relación con hechos ocurridos dentro del ámbito de la provincia. Tenían una tarea de información de tipo administrativa”, se limitó a recordar.

A su llegada a Tucumán, en 1974 también trabajó con la seguridad del general Adel Vilas y en 1976 se transformó en el “escolta” de Antonio Domingo Bussi. “Había un particular interés del presidente de la Nación de tener información fidedigna acerca de lo que sucedía. Después del ’76 me hice cargo de la seguridad de Bussi. Estuve al lado de él, desde que empezaba a trabajar hasta que se retiraba”, terminó.

El subcomisario Ricardo Oscar Sánchez pide “mayores antecedentes” de algunas personas “para levantarla” y solicita “si fuera posible cómo se puede conseguir un auto operativo, porque aquí no hay ninguno, ni la fuerza de tareas tiene”.

En las carpetas aportadas por Juan Carlos Clemente también hay datos de represores. Como ejemplo, hay planillas con nombres y apellidos de personal del Departamento de Inteligencia D2. Luis Armando De Cándido, uno de los represores que está siendo juzgado en la causa por la Jefatura de Policía tucumana, figura como “apto para el ascenso” junto con varios compañeros suyos. La hoja está firmada por Arturo Félix González Naya, capitán del D2, y Roberto Albornoz, jefe del Departamento de Inteligencia.

Un memorándum reservado dirigido al gobernador Antonio Domingo Bussi, firmado por el jefe de policía, Mario Zimmermann, sobre una huelga ferroviaria y un grupo de estudiantes que “distribuirían panfletos de las organizaciones subversivas ERP y Montoneros en las distintas facultades”. Consta que el informe fue distribuido al Ministerio de Gobierno, al comandante de la V Brigada, al jefe de Policía de la provincia, al subjefe interino G2, al jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 142 y a otras reparticiones. “Es la prueba de que existió la ‘comunidad informativa’ que denunciamos”, dijo a Página/12 la abogada Julia Vitar, querellante en esta causa.

Un informe confidencial con membrete y sello de la Universidad de Tucumán, fechado el 19 de abril de 1976. Detalla que el personal del centro de orientación vocacional y profesional “es marxista; son sumamente peligrosas (todas mujeres, psicólogas o pedagogas) no sólo por sus ideas marxistas muy radicalizadas y de avanzada (enseñanza de Paulo Freyre, Bohoslavski, etc.), sino por el contacto que tienen con los grupos de jóvenes que acuden para ser orientados”.