Por quinta vez, los sindicatos paralizaron Grecia en protesta por las medidas de ajuste, impuestas por el gobierno e impulsadas por la Unión Europea, y la reforma previsional, que está por aprobar el Parlamento. La huelga general alcanzó a casi todo el transporte público, terrestre y marítimo y el tráfico aéreo interno, así como los hospitales, escuelas, bancos y oficinas públicas. La vida comercial del país también se vio afectada, aunque en menor medida. En Atenas, el centro fue inundado por más de 40 mil manifestantes, que marcharon hasta la entrada del Parlamento, unidos por un solo grito: “Son todos ladrones, lo ha decidido el pueblo”. Al llegar al frente del edificio, un cordón policial les frenó el paso con gases lacrimógenos. La policía informó que uno de sus agentes resultó herido en los enfrentamientos.

La huelga fue convocada por el sindicato del sector público Adedy, el de los privados GSEE y el comunista PAME, contra la reforma previsional y del mercado de trabajo que lanzó el gobierno del primer ministro socialista Yorgos Papandreu y que aún debe ser votada por el Parlamento griego. La ola de marchas y protestas comenzó a primera hora de la mañana en El Pireo, el mayor puerto griego. Unos 500 trabajadores portuarios se instalaron en uno de los muelles principales y les impidieron el acceso a los barcos de turismo que llegaban. Finalmente y después de horas de escaramuzas, la policía los dispersó.

Mientras tanto, la famosa Acrópolis de Atenas, de casi 2500 años de antigüedad, permaneció cerrada durante todo el día, al igual que el museo de las inmediaciones, uno de los lugares preferidos de los turistas. Los bancos y las administraciones públicas tampoco abrieron, mientras que los hospitales sólo ofrecían servicios mínimos. También el gremio de los periodistas secundó la huelga, por lo que sólo se difundieron noticias relacionadas con la medida de fuerza. A pesar de las multitudinarias marchas y de la contundente paralización del país, ayer el Parlamento no dio ninguna señal de arrepentimiento y continuó el debate sobre el proyecto de ley que propone aumentar la edad de jubilación de 61 a 65 años.