Desde Madrid

Una virulenta huelga en el servicio de subterráneos dejó ayer paralizada la capital española. Los sindicatos se negaron a poner en marcha los servicios mínimos, la policía intentó infructuosamente asegurar al menos el servicio que conecta la ciudad con el aeropuerto y el gobierno de centroderecha que gobierna la región anunció sanciones a los trabajadores. En el País Vasco un paro general culminó con tres detenidos y multitudinarias manifestaciones en los grandes núcleos urbanos. Desde las centrales sindicales advirtieron al gobierno socialista que lo visto es apenas un anticipo de lo que se espera en septiembre, cuando se lleve a cabo la primera huelga masiva contra la administración de Rodríguez Zapatero.

La huelga había sido decidida la noche anterior en una áspera asamblea sindical y el motivo principal es el rechazo de los sindicatos al recorte del cinco por ciento de los salarios aplicado por el gobierno de Esperanza Aguirre, auténtico halcón del Partido Popular con aspiraciones presidenciales. Los trabajadores decidieron ignorar la obligación legal de mantener servicios mínimos, algo inusual y calificado por la prensa local de “medida salvaje”, lo que transformó a Madrid en un auténtico infierno. La red de subterráneos es una de las más grandes del mundo y mueve cada día 2,2 millones de viajeros. Sin ella, la ciudad colapsó.

La respuesta del gobierno local, en coordinación con el ministro del interior de Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue desplegar una cantidad inusual de policías e intentar infructuosamente mantener el contacto con el aeropuerto internacional de Barajas. A dos días del comienzo del mes de julio, inicio de la temporada veraniega en la península, el paro afecta los intereses turísticos, núcleo duro de la golpeada economía española.

Mientras los sindicatos anunciaban que la huelga había sido un éxito absoluto –no circuló ni un solo metro durante muchas horas– y exhibían su voluntad de continuar hoy con ella, el gobierno nacional tenía que hacer frente a otro conflicto, esta vez un masivo paro general en todo el País Vasco motorizado por los sindicatos nacionalistas. A tono con la tradición política vasca, a la huelga no le faltó nada: piquetes en las entradas de polígonos industriales y grandes empresas, carreteras cortadas, una catenaria de ferrocarril saboteada, escaramuzas con la policía, manifestantes detenidos. Cada vez está más claro que con la llegada del verano no sólo se ha recalentado la atmósfera. Según los sindicatos regionales, el paro tuvo un seguimiento del 75 por ciento, el gobierno socialista en Bilbao lo cifró en el 22 por ciento de la actividad privada y un 8,65 por ciento en la administración pública.

Por si no fueran suficientes los problemas, las huelgas de ayer sorprendieron al gobierno del PSOE mientras se encontraba enredado en la áspera disputa política que se ha abierto entre sus propias filas a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto parte del estatuto autonómico de Cataluña. La reforma del “estatut” es una fuerte apuesta electoral de los socialistas que gobiernan en Barcelona y que aspiran a renovar mandato en las elecciones de la próxima primavera y el texto había sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. Luego de años de disputa y fallos que nunca llegaban a buen puerto, el lunes se conoció al fin la sentencia que ha dejado satisfecho a Zapatero, preocupado al PP y muy enojados a los socialistas catalanes, que la “acatan pero no aceptan”.

Con grandes frentes políticos y sociales abiertos, a nadie le sorprendió la caída de la Bolsa de Valores. El Ibex madrileño cayó ayer el 5,45 por ciento, la tercera mayor caída de un año pródigo en descensos vertiginosos. La causa, según los principales analistas económicos, es la fragilidad de la banca privada. El BBVA, uno de los principales bancos del país, cayó el 7,24 por ciento y el Santander, un 6,79 por ciento.

Pero los españoles mucha cuenta no se dieron porque estaban esperando a su selección, que anoche se enfrentaba a Portugal. La espera ayudó a disimular molestias y temores de una jornada desquiciada, la primera de lo que promete transformarse en un caliente verano político en la península.