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El conglomerado opositor consiguió dos dictámenes para actualizar la jubilación mínima al 82 por ciento móvil. Uno fue en el Senado y el otro en Diputados. En la Cámara baja, la UCR, la Coalición Cívica, el PRO y el Peronismo Federal llegaron a la Comisión de Previsión Social con un dictamen que habían elaborado minutos antes del encuentro, con un corto debate puertas adentro. En la Cámara alta, el radical Gerardo Morales y el socialista Rubén Giustiniani firmaron su iniciativa, que ya habían presentado hace varias semanas. La oposición decidió avanzar de lleno con este tema luego de una reunión que mantuvieron todos los opositores en la oficina de Morales, de la que también participaron los diputados. La pelota la tiene ahora el oficialismo, ya que en ambas Cámaras los proyectos deberán pasar por las respectivas comisiones de Presupuesto, presidida por Gustavo Marconato (Diputados) y Eric Calcagno (Senado), ambos del Frente para la Victoria. Para el oficialismo, los dos proyectos apuntan a desfinanciar el sistema público de jubilaciones.

En Diputados, la oposición quería realizar una reunión conjunta entre la Comisión de Previsión, comandada por el peronista disidente Eduardo Ibarra, y la de Presupuesto, a cargo del oficialista Marconato. El FpV decidió no dar por válido el llamado a un encuentro conjunto y las autoridades de Presupuesto no asistieron al encuentro. Como contrapartida, la oposición decidió asistir a la Comisión de Previsión con un dictamen bajo el brazo.

En el Congreso es usual que los temas conflictivos sean analizados primero por los asesores, quienes elaboran los primeros informes técnicos que luego son elevados a los diputados. Después de ese paso, los legisladores acuerdan una ronda de debate –ocurrió con la ley de medios, las retenciones móviles, la eliminación de las AFJP, y la lista sigue– para luego emitir un dictamen.

Sin embargo, ayer la oposición salteó todos esos pasos, en busca de un golpe político hacia el FpV. “Con (Federico) Pinedo, (Oscar) Aguad y (Felipe) Solá trabajamos arduamente para que la plata de la Anses sea de los jubilados y no de la caja de Julio De Vido. A partir del dictamen de hoy, Marconato tiene 30 días para tratar el tema, si no el pleno de la Cámara podrá votar directamente el 82 por ciento móvil”, arremetió Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, al inicio de la reunión. Una vez dichas esas palabras, la diputada se retiró de la sala.

“Están ávidos de dar respuestas de campaña y ávidos de repartir la plata ajena”, retrucó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Fadel, quien recibió los abucheos de los jubilados que presenciaron el encuentro.

La iniciativa firmada por la UCR, el PRO, Peronismo Federal y la CC propone elevar la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, una recomposición de haberes acorde con el fallo Badaro para quienes ganaban más de 1000 pesos en 2002 y establecer una nueva fórmula de movilidad sujeta a un índice de salarios. En ningún momento se especifica de qué manera se financiará la iniciativa.

“Hasta dos meses antes de que el Ejecutivo decretara la Asignación Universal por Hijo, el oficialismo decía que no había plata para hacerlo, mientras nosotros habíamos presentado un proyecto en ese sentido. Por eso ahora es urgente otorgar el 82 por ciento móvil y recién mañana pensar en una reestructuración del sistema jubilatorio”, afirmó Adrián Pérez, casi al final del encuentro.

Juan Carlos Díaz Roig, ex titular de la Comisión de Previsión, solicitó volver a fojas cero e iniciar un debate primero en asesores, para luego invitar a todos los actores involucrados en el tema. Sin embargo, la oposición siguió adelante. “El sistema previsional cuenta con más beneficiarios que aportantes. A esto hay que sumarle que el 40 por ciento de los trabajadores son informales. Esto costará 30.000 millones de pesos por año, que agotará los fondos de la Anses en seis años. La oposición quiere volver a un sistema de jubilaciones privadas”, señaló a Página/12 Díaz Roig (FpV). El legislador recordó que tanto Pérez como sus colegas radicales, del PRO y peronistas disidentes votaron en su momento en contra de la estatización de los fondos jubilatorios.

Por otro lado, Proyecto Sur presentó su propio dictamen, con la única diferencia que se especifica una posible fuente de financiamiento, a partir del restablecimiento del porcentaje histórico de las contribuciones patronales para las grandes compañías.