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Alvaro Uribe no quiere dejar el sillón presidencial sin vencer a su más férreo rival. Ayer arremetió contra la Corte Suprema con un decreto que podría reabrir uno de los conflictos de poderes que más dañó la imagen internacional del mandatario saliente. Después de soportar a regañadientes durante medio año el rechazo sistemático de la corte a los pedidos de extradición de líderes paramilitares a Estados Unidos, Uribe decretó que de ahora en más será el gobierno nacional el que evaluará cuál de los paramilitares debe ser extraditado de inmediato. Una atribución que, según la Constitución colombiana, debe compartir con la Corte Suprema.

“El gobierno no diferirá la entrega en extradición cuando establezca que el requerido no contribuye en forma efectiva con el esclarecimiento de la verdad (...) no repara integralmente a las víctimas de su conducta (...) no colabora efectivamente con la Justicia”, señala el texto, difundido ayer. Hasta ahí se podría interpretar como un gesto hacia las víctimas de los paramilitares y las organizaciones de derechos humanos, que reclaman que los acusados de crímenes de lesa humanidad cuenten toda la verdad en Colombia antes de ser condenados por narcotráfico en tribunales estadounidenses. Pero en uno de los últimos párrafos, el decreto rompe de forma tajante con la Carta Magna del país andino: “El gobierno nacional será el único competente para valorar, de plano, si a su juicio se dan o no los presupuestos”.

Para Liliana Uribe, abogada de la ONG Corporación Jurídica Libertad de Medellín, la monopolización de la competencia que hizo el presidente es irreal. “El decreto no es una facultad de plano del gobierno nacional”, sostuvo la defensora de derechos humanos en un diálogo telefónico con este diario. “Si el gobierno decidiera actuar sólo e ignorar la decisión de la Corte Suprema estaría violando la Constitución, no hay ninguna duda”, agregó.

A pesar de la incredulidad que expresó la abogada, el presidente Uribe ya ignoró a las máximas cortes del país en este tema. En 2002 la Corte Constitucional colombiana dictaminó la ilegalidad de la extradición, cuando el acusado está siendo juzgado dentro del país. Se deriva de la prohibición de doble incriminación. “La jurisdicción penal colombiana debe aplicarse de manera imperativa con precedencia sobre la del Estado requiriente”, había sostenido la Corte.

Pero las palabras y los fallos se los lleva el viento y por eso seis años después Uribe extraditó a casi toda la cúpula de las fuerzas paramilitares. Lo hizo una madrugada, sin avisarle a nadie y sin el consentimiento de la Corte Suprema. Con el hecho consumado y con la promesa de que los paramilitares continuarían cooperando desde los tribunales norteamericanos, la Corte Suprema colombiana finalmente accedió a una autorización ad hoc y legalizó las extradiciones.

La buena fe de los magistrados de la Corte duró mucho, cerca de un año y medio. Las audiencias en Estados Unidos se suspendieron una tras otra y los juicios en Colombia se fueron estancando y muchos de los políticos señalados por los paras fueron sobreseídos. Por eso, a principio de este año decidió denegar todas las extradiciones de paramilitares hasta que primero cumplan con sus compromisos con la Justicia colombiana.