Diplomáticos de Brasil, Honduras, Ecuador y El Salvador llegaron ayer a México para identificar a los 72 inmigrantes que fueron asesinados por grupos narcos en Tamaulipas, según denunció el sobreviviente ecuatoriano Luis Freddy Pomavilla. El presidente Felipe Calderón condenó la matanza y prometió nuevas medidas para enfrentar al crimen organizado. Distintas organizaciones criticaron al gobierno mexicano por no haber impulsado una política migratoria integral.

Desde la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario mexicano dio sus condolencias a los familiares de los muertos que fueron hallados el martes en un rancho de Tamaulipas (al nordeste, fronterizo con Estados Unidos). Según explicó Calderón, la masacre de los 72 migrantes se dio en el entorno de una lucha violenta entre el Cartel del Golfo y la banda de Los Zetas, que se disputan el control de las rutas de la droga hasta Estados Unidos. “El crimen organizado está recurriendo a la extorsión y al secuestro de emigrantes como mecanismo de financiamiento y de reclutamiento, debido a que están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y de personas, debido a la acción del Estado contra esa actividad ilegal”, dijo el presidente, que lanzó tiempo atrás su embestida contra los grupos delictivos. Pero la lucha contra los carteles ya se cobró la vida de 28 mil mexicanos en tres años y medio.

Calderón aprovechó la ocasión y se desligó de responsabilidades. En un foro con alcaldes, el jefe de gobierno dijo que la debilidad institucional de los municipios y los pocos recursos que destinan a la seguridad impiden dar batalla a las bandas narcos. Calderón promueve la creación de 32 policías estaduales que absorban a los cerca de 165.500 efectivos municipales que hay en México. Pero la iniciativa oficial es rechazada por la gran mayoría de los casi 2500 municipios mexicanos.

Mientras avanza con esa propuesta, el presidente anunció medidas para combatir el lavado de dinero. Con esas iniciativas pretende golpear contundentemente a las bandas criminales, a través de la limitación de la compra de casas, autos, barcos, aviones y joyas. También busca evitar que se usen testaferros para realizar operaciones ilícitas. Para eso, Calderón firmó los proyectos de ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Washington ofreció participar de la investigación para dar con los asesinos de los 72 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica. “Cooperaremos plenamente de cualquier manera que podamos para apoyar a México en la investigación de este atroz crimen”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley. Las tropas federales mexicanas ya reforzaron los operativos por tierra y aire en Tamaulipas para dar con los criminales que operan en esa región. Se desplegaron militares, marinos y policías federales por todo el estado norteño y se instalaron retenes en los principales accesos carreteros.

Mientras tanto, llegaron a México diplomáticos de Brasil, Honduras, Ecuador y El Salvador para identificar los cuerpos de los 58 hombres y las catorce mujeres que fueron encontrados el martes en el rancho de Tamaulipas, después de que un joven ecuatoriano de 19 años, que había sido herido en el ataque, pudiera dar aviso al control militar de la zona. El gobierno de Ecuador pidió a México que le brinde mayor protección a Luis Freddy Lala Pomavilla. “Queremos exigir mayor responsabilidad en el manejo de la imagen de nuestro compatriota de los medios de comunicación de México”, reclamó Lorena Escudero, titular de la Secretaría Nacional del Migrante.

Desde Tegucigalpa repudiaron los 72 homicidios. “Ante este condenable crimen, donde fallecieron compatriotas hondureños, el gobierno de la República pide a las autoridades mexicanas realizar su mayor esfuerzo para frenar los abusos, extorsiones y violaciones de las que son objeto los emigrantes centroamericanos en su periplo hacia Estados Unidos”, dijo la ministra de la Presidencia, María Antonieta de Bográn.

Organizaciones no gubernamentales también se sumaron a la catarata de críticas contra el gobierno por no haber impulsado hasta ahora una política migratoria integral. Amnistía Internacional (AI) reiteró que los inmigrantes indocumentados son sometidos a toda clase de abusos, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos. Por su parte, las entidades Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras y Frontera con Justicia denunciaron que los secuestros en algunos municipios son una práctica sistemática y generalizada, sin importar edad, sexo y nacionalidad.