El Informe Papel Prensa: La Verdad da cuenta del contexto en que se produjo el traspaso de la papelera hacia los diarios Clarín, La Nación y La Razón. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio publicaron ayer en su sitio web (www.mecon.gov.ar) la investigación, presentada esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de los testimonios de Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover, sumado a material documental, el informe da cuenta del momento exacto en que las autoridades de la última dictadura militar comenzaron a participar de las “negociaciones”, desde las presiones a Papaleo hasta la aprobación por parte de la Junta del traspaso de las acciones. En el último tramo del informe también se ofrecen detalles sobre el “pacto de sindicalización”.

El contexto

En los anexos del informe sobre Papel Prensa figuran una serie de testimonios de los involucrados en la operatoria, entre ellos, Lidia Papaleo, mujer de David Graiver, ex dueño de la papelera. “El Sr. Martínez Segovia, que era presidente de Papel Prensa, me citó a un almuerzo para comunicarme que venía en representación del ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz (que además era primo de Segovia). En ese encuentro me dijo que debía firmar la cesión de las acciones de la empresa. Dado los hechos que se vivían en el país, tomé conciencia que las amenazas de muerte, tanto para mi hija como para mí, eran auténticas. En ese terror fui citada para el día 2 de noviembre de 1976, por la noche, a una reunión en las oficinas de La Nación.”

Antes de esa fecha, las acciones de la papelera estaban en manos de los herederos de David Graiver, fallecido en agosto de 1976 (Juan Graiver, Eva Gitnacht y María Sol, representada por su madre, Lidia Papaleo). Según consta en el informe, Isidoro Graiver le había cedido sus acciones a David en febrero de 1976. Por otro lado, estaban Galería Da Vinci y Rafael Ianover, testaferro de Graiver.

Esa noche del 2 de noviembre del ’76, como relata Papaleo, se encontraron en el edificio del diario La Nación todos los involucrados pero en oficinas separadas. Según relata el propio Ianover, él mantuvo un encuentro a solas con Patricio Peralta Ramos, uno de los dueños de La Razón. “Mire, yo estoy dispuesto a firmar esta transferencia siempre y cuando a mí no me ocurra nada”, manifestó Ianover, tal como consta en el informe. “Le doy mi palabra que a usted no le pasará nada”, respondió Peralta Ramos. Sin embargo, Ianover fue secuestrado el 12 de abril de 1977. Previamente, ya había sufrido la presión de un grupo de tareas, según un testimonio brindado el 7 de julio de este año.

“En la reunión en La Nación se suscribe el boleto de compraventa sobre el cual jamás pude opinar. Sólo pagaron 7000 dólares de un total de un millón de dólares”, manifestó la viuda de Graiver.

Según consta en el informe, al momento de la firma de ese contrato, Papaleo contaba en su poder con las acciones de la sucesión, las cuales aparecieron 22 días después en una caja fuerte del viejo Banade. La versión oficial de Clarín y La Nación indica que ellos nunca tuvieron en su poder las acciones de la sucesión; sin embargo, esas acciones fueron para Fapel, la sociedad que constituían los tres diarios, junto a algunos particulares. A lo que hay que agregar que la “transferencia” se realizó en el propio edificio de La Nación.

¿Qué era Fapel?

La sociedad denominada Fábrica Argentina de Papel para Diarios fue constituida en febrero del ’76. La integraban los tres diarios, y algunos de sus directivos. El 10 de noviembre del ’76, a ocho días de la firma del contrato de compraventa, Fapel cedió las acciones adquiridas a los Graiver a los tres diarios. Esta transferencia se realizó sin la existencia de las acciones de Papaleo (que aparecieron el 22 de noviembre de ese año), y por un pedido de la Junta Militar. Dentro de este contexto, José Pirillo, años después dueño de La Razón, denunció que en los balances del diario nunca aparecieron registros de esa transferencia.

Luego de realizada la operación, debía ratificarse lo realizado en una asamblea de accionistas, que tuvo lugar el 4 de marzo de 1977. Para esa fecha, había en total cinco operaciones de venta que debían concretarse, entre ellas la venta de las acciones de “Rey, Doretti e Ingeniería Tauro” a Galería Da Vinci. Según el informe presentado esta semana, quien allanó el camino para concretar la asamblea y el traspaso de las acciones de Fapel a los tres diarios fueron las autoridades de la dictadura militar.

A partir de un acuerdo entre la “Junta Militar –dice la investigación– y los tres diarios se acordó que el Estado nacional votaría a favor de las transferencias de las acciones, que se aprobaría la cesión de acciones entre Rey, Doretti e Ingeniería Tauro y Galería Da Vinci, a cambio de que éstas empresas se quedasen con la licitación para la construcción de la planta papelera”. Después de este acuerdo, la Junta Militar aprobó el ingreso de los diarios. A los diez días de celebrada esa asamblea, Lidia Papaleo de Graiver fue secuestrada.

“¿Por qué tuvieron que mantener en libertad a Papaleo hasta firmar la venta?”, se autopreguntó la Presidenta durante la presentación del informe. “Para evitar que la compañía cayera en manos de la Conarepa, que era el órgano que se quedaba con los bienes de los detenidos. Todo el patrimonio de los Graiver quedó en la Conarepa, salvo Papel Prensa”, se respondió Fernández de Kirchner.

El pacto de sindicalización

El 18 de agosto de 1977, los tres diarios firmaron dicho “pacto”. Ahí se comprometieron a “actuar conjunta y coordinadamente asegurando la unidad de criterio en la conducción de la empresa”. También se obligaron a votar siempre en el mismo sentido, tanto en las Asambleas como en el Comité Directivo. “En el supuesto de que la transgresión consistiera en votar en las asambleas en contradicción con lo resuelto por el comité, la multa a aplicar será del 25 por ciento del valor de las acciones propiedad de la transgresora”, puede leerse como uno de los artículos del pacto de sindicalización.

Según el informe, este pacto fue comunicado a la CNV recién este año. De todas maneras, el Ejecutivo encontró pruebas de su existencia en la Inspección General de Justicia, dentro del expediente sobre la quiebra de La Razón. A partir de esta situación, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para declarar la producción, comercialización y distribución del papel para diarios como un servicio de interés público.