Ecuador vivió ayer un día menos tenso, con el presidente Rafael Correa en la Casa de Gobierno, un nuevo jefe de policía y patrullas militares en las principales ciudades del país. Aunque las informaciones fueron contradictorias, los muertos provocados por el intento de golpe fueron por lo menos cuatro y los heridos casi 200. Se decretaron tres días de duelo y se anunció que los policías golpistas serán juzgados por sedición, mientras se estudia si serán además acusados de intento de magnicidio. El gobierno hizo duras acusaciones contra los sectores políticos que apoyaron la intentona.

La grave acusación contra los amotinados fue realizada por Francisco Torres, un asesor presidencial que acompañó a Correa y estuvo también cautivo de los policías. Torres confirmó que el presidente fue “empujado, golpeado y gaseado” al salir del cuartel policial y refugiarse en el hospital y que su impresión fue que los agentes conscientemente querían derrocarlo. “Fueron manipulados, fueron mal informados, pero fue un intento de golpe de Estado y no un reclamo salarial. Correa les explicó que estaban equivocados, que la nueva ley los favorecía”, dijo Torres.

El asesor agregó que “hubo intención de matar al presidente” y que eso no ocurrió porque se refugió en una habitación del hospital, rodeado por varios ministros y funcionarios. “Agreden al presidente, intentan asesinarlo, toman aeropuertos, intentan ocupar el canal público de televisión para tratar de sacarlo del aire... esto sólo puede denominarse golpe de Estado”, definió enfáticamente Torres.

La salida del hospital fue una verdadera aventura, según el asesor: “Primero nos refugiamos en la sala de neonatología, en una oscuridad total. Después salimos hasta un auto blindado, en el que acostamos al presidente y yo entré atrás de milagro, por un hueco de la puerta entreabierta”. El auto logró salir del hospital policial, pese a que recibió cuatro impactos de bala, y afuera se le unió una camioneta de seguridad presidencial, “que se mantuvo fiel en todo momento” pese a que también incluye policías. Torres agradeció a las Fuerzas Especiales, militares y de policías, que ayudaron a recatar a Correa por la fuerza.

Pero el motín forzó la renuncia, ayer, del jefe de la Policía Nacional, Freddy Martínez, que pasó el jueves entero tratando de calmar a sus tropas y evitar el golpe. Martínez explicó que Correa no lo culpaba por el motín, pero que “un comandante irrespetado, maltratado, agredido por sus subalternos no puede quedarse al frente de ellos”. Antes de ser reemplazado en el cargo por el general Floresmilo Ruiz, Martínez pidió públicamente al gobierno que se diera marcha atrás con la nueva ley del servicio público. El mismo reclamo llegó del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Ernesto González.

El nuevo jefe dijo que la revuelta fue comandada por “un puñado de insensatos, desquiciados, que actuaron de modo violento”, pero que los ecuatorianos “pueden confiar en su policía”. Más tarde, Ruiz se dirigió al cuartel sublevado el jueves, sede del Regimiento Quito, y les habló a sus hombres. El nuevo comandante “llamó a la reflexión” a los policías y les dijo que “la majestad del presidente” no debería haber sido vulnerada.

Al mismo tiempo, el fiscal de distrito Marco Freire trabajaba con sus peritos reuniendo evidencias en el lugar para establecer la cadena de hechos y las responsabilidades por el amotinamiento. Freire confirmó que todos los implicados serán acusados y procesados.

Las calles

La única medida presidencial del día fue el decreto declarando tres días de luto por los muertos en la refriega. Correa no levantó el estado de excepción, con lo que Quito y otras ciudades del país vieron patrullas militares en las calles. Los comercios y los bancos abrieron recién a media mañana y los únicos policías visibles en las calles eran del cuerpo de tránsito. Se anunció que los alumnos volverán a clases recién el lunes. En la autopista al aeropuerto, ya reabierto y operando con normalidad, seguía en su lugar una barrera de grandes piedras colocada por los amotinados. En el centro de la capital, la plaza Grande, donde se encuentra el palacio presidencial, estaba completamente acordonada por militares. En las calles laterales se veían grupos que habían ido a dar su apoyo al presidente. La Fiscalía de Guayaquil, donde los policías se autoacuartelaron, recibió cincuenta denuncias de saqueos y robos realizados el jueves.

En las cercanías del hospital policial tomado por la fuerza todavía se sentía un muy fuerte olor a gas lacrimógenos y una camioneta seguía humeando. En el lugar se veían muebles rotos, ventanas astilladas y marcas de balazos, lo que daba una idea de la fuerza del enfrentamiento. Tirados en la calle se veían todavía volantes de los amotinados reclamando contra el cambio de la ley de empleo público. El director del hospital, César Carrío, confirmó que pese a los destrozos el lugar estaba abierto y atendiendo, y que se había atendido el mismo jueves a 50 heridos en los combates entre policías y militares.

Tres de los muertos en el enfrentamiento del jueves y la madrugada del viernes fueron identificados. Uno es el cabo del ejército Froilán Jiménez, de 29 años, muerto en el tiroteo del hospital durante el rescate del presidente. La muerte de Jiménez conmovió especialmente al país, porque fue vista en directo por televisión y porque el soldado deja un hijo que mañana cumple dos años de edad.

Los otros dos muertos ya identificados son civiles, asesinados en la represión de la marcha de apoyo a Correa que se acercó a su lugar de cautiverio. Son el estudiante de Economía Juan Pablo Bolaños, de 24 años, y Efraín Calderón, de edad y profesión todavía desconocidas. A éstos se les suma al menos uno de los policías amotinados, muerto en el enfrentamiento con las tropas.

Entre los militares y policías leales que tomaron por la fuerza el hospital y rescataron a Correa hubo también 27 heridos, lo que se suma a un número todavía indeterminado de amotinados y a más de cien civiles, hasta llegar a una cifra oficial de 197 en total.

Los civiles

En lo que coincidieron varias voces en el gobierno fue en afirmar que los policías no organizaron ni llevaron a cabo su intentona sin apoyo civil. El renunciado jefe de policía Martínez afirmó que “en la protesta hubo infiltrados que no eran policías y llevaban el rostro descubierto”. El mismo Correa y sus ministros señalaron a la Sociedad Patriótica, que responde al ex coronel y ex presidente Lucio Gutiérrez, derrocado por protestas populares. Miembros de la Sociedad Patriótica intentaron copar la televisión estatal y, al no lograrlo, trataron de cortar la señal.

Gutiérrez rechazó desde Brasil cualquier complicidad con el intento de golpe y dijo que “las acusaciones de Rafael Correa son falsas y temerarias. Siempre me echa la culpa de todo... El gran culpable de este episodio doloroso que ocurrió en Ecuador es Correa, porque su gobierno es abusivo, corrupto y totalitario. Es un gobierno intolerante, que no respeta los derechos de los ciudadanos”.

Curiosamente, Gutiérrez está en Brasil desde el miércoles como observador internacional en las elecciones de mañana. En un reportaje a los medios locales, hasta se permitió dudar de que el episodio haya sido un intento de golpe. “Nadie en Ecuador quiere un golpe de Estado”, dijo ayer. “Correa quiere victimizarse ante el mundo y desviar la atención de la opinión pública del desempleo, de la pobreza y de las denuncias de corrupción. El único golpista es él. El mismo confesó que participó en toda la conspiración que resultó en el golpe contra mi gobierno.”